Vox se querella contra el expresidente de Correos y Leire Díez por fraude, prevaricación y malversación
- Detalla doce actuaciones sospechosas bajo la presidencia de Serrano y pide al juez documentación para aclarar las adjudicaciones y contratos
Vox ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Madrid contra el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y Leire Díez, exdirectora de Relaciones Institucionales de dicha entidad pública, investigada por urdir una presunta operación para desprestigiar a la UCO, jueces y fiscales que investigan al PSOE.
El escrito del partido liderado por Santiago Abascal pide investigar 12 "situaciones" que tuvieron lugar en Correos durante la presidencia de Juan Manuel Serrano Quintana y durante el periodo en el que Leire Díez Castro tuvo cargo en la entidad, según informó este sábado la formación a través de una nota de prensa.
Los presuntos delitos que se contemplan en la querella son fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, "sin descartar otros que pudieran aparecer de la investigación".
Además, Vox pide al juez las testificales de las personas "intervinientes y/o favorecidas" por estas "situaciones", entre ellas, el actual presidente de Correos, Pedro Saura, Aldama o el responsable del voto por correo en las elecciones generales del 23 de junio de 2023, entre otros.
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La querella de los de Abascal se sustenta en varias aristas. La primera son las supuestas "irregularidades" en los contratos adjudicados durante la pandemia de la covid-19 a la sociedad del empresario Víctor de Aldama; los acuerdos con "empresas bajo sanción del Banco de España"; y la contratación de Evelop Airlaines SL, empresa del grupo Globalia, coincidente en el tiempo con el rescate de Air Europa.
Por otro lado, reclama investigar los contratos de terminales de venta y televisores en "un proyecto ruinoso", la adjudicación de la limpieza de las oficinas de red de Correos a una empresa –que originó la denuncia de un sindicato y una huelga de trabajadores por impagos– y la modificación de contratos que "alteraban" las condiciones de licitación,
