El Congreso rechaza de nuevo la senda de déficit pero la subida para los funcionarios

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028 con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, por lo que para elaborar los Presupuestos de 2026 se usará una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.

PP, Vox y Junts ya avanzaron su voto en contra de la senda de déficit y reprocharon que los objetivos presentados este jueves eran los mismos que se rechazaron el pasado 27 de noviembre y no se había introducido ningún cambio al respecto. Tal como sucedió hace dos semanas, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se han abstenido; mientras que el resto de formaciones han apoyado el texto.

Pese al rechazo de la senda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha confirmado que seguirá adelante con la presentación de los Presupuestos de 2026, que tendrán de base una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.

Desde Junts le han advertido de que incumplir con Cataluña tiene consecuencias. "Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana", ha remarcado Josep Maria Cruset durante el debate en el Congreso de los Diputados.

Lo que sí ha convalidado esta tarde el Pleno del Congreso ha sido el decreto ley por el que se revaloriza el salario de los funcionarios públicos con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

Con esta norma se hará efectiva la parte del incremento correspondiente a 2025 y 2026, un 4% ya en las nóminas de enero, y que podría elevarse en medio punto porcentual más si al final del próximo año la variación del IPC fuera igual o superior al 1,5%.

El Pleno del Congreso también ha dado este jueves 'luz verde' definitiva a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela con la conclusión de las votaciones de las enmiendas que el Senado introdujo al texto, de manera que se ha remitido el texto para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).