Polémica creada por la decisión de un juez de la Audiencia Provincial de Lugo de archivar la causa de unas ochenta mujeres que fueron grabadas de forma clandestina cuando orinaban en un callejón en Cervo durante las fiestas de 2019 y cuyas imágenes fueron subidas a páginas webs pornográficas. El juez no ve delito porque se captaron en la vía pública. Las reacciones a la sentencia no se han hecho esperar.
La Asociación de Mulleres en Igualdade de Burela (Bumei) ha informado este martes de que su representante legal ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo contra la decisión de un juez de archivar la causa por la grabación clandestina.
El juez ha rechazado los recursos y ratificado el sobreseimiento provisional dictado el pasado mes de marzo porque las imágenes se captaron en una vía pública, no en un lugar cerrado, y por no observar delito alguno contra la integridad moral al no apreciar ánimo "tendencial de quebrantar la resistencia física".
Diversas cámaras, colocadas de forma estratégica en el callejón durante la celebración de A Maruxaina, una fiesta popular que congrega cada año a miles de personas, captaron imágenes de decenas de mujeres mientras orinaban, y parte de ellas fueron difundidas a través de páginas pornográficas en Internet.
El juzgado que se hizo cargo del caso decretó el sobreseimiento provisional de la causa en marzo y ahora acaba de ratificar esa decisión, en respuesta a los recursos presentados contra la misma, lo que ha llevado a la Asociación de Mulleres en Igualdade de Burela a recurrir esa decisión ante la Audiencia Provincial de Lugo.
“Por supuesto que no compartimos la decisión de este juez. No se puede justificar un delito como este, que atenta contra el honor y la propia imagen de las mujeres, en el hecho de que haya sido perpetrado en la vía pública”, explicó a EFE la presidenta de la asociación, María del Mar Fraga.
Desde su punto de vista, lo que ha sucedido “es humillante” para las mujeres afectadas porque “no se puede dejar un delito impune por el hecho de que las imágenes hayan sido grabadas en una vía pública”, porque la calle “es de todos” y “todos tenemos nuestros derechos y nuestros deberes”.
“No entendemos la decisión del juez”, insistió, y por ello la asociación, en representación de las mujeres afectadas, ha tomado la decisión de recurrir ante la Audiencia Provincial, y más teniendo en cuenta que el archivo de la causa se produjo en contra del criterio de la Fiscalía, “que ve delito” en lo sucedido en San Cibrao.
Recordó, asimismo, “que también vieron delito en estos hechos la Valedora do Pobo, numerosos colectivos y la sociedad en general” y, “aunque un señor juez siga erre que erre, no podemos permitirlo”.
A su juicio, la posibilidad de que este “delito quede impune” podría sentar “un grave precedente para el futuro y para los derechos de las mujeres, por los que tanto hemos luchado”.
“No puede quedar impune porque puede animar a otras personas a realizar hechos similares o de consecuencias incluso peores”, ha zanjado.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha advertido de que "hacer fotos a una mujer sin su consentimiento y difundirlas es violencia sexual".
"Una mujer en la calle o el espacio público sigue teniendo intacto su derecho a la intimidad", ha apuntado en un tuit este martes la ministra de Igualdad, en el que recuerda que "los avances en los derechos de las mujeres tienen que aplicarse desde todos los poderes del Estado", lo que incluye el judicial.
Por su parte, la conselleira de Emprego e Igualdad, María Jesús Lorenzana, ha manifestado su "respeto máximo" tras la decisión del juez, aunque ha manifestado su "rechazo" a este tipo de conductas, que "afectan a la dignidad y la intimidad de las mujeres", y ha pedido una regulación para luchar contra ellas.
