Sánchez defiende que la ley de vivienda respetará la propiedad privada

  • Pide al PP, que ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, que le dé una oportunidad
Foto: EUROPA PRESS |Vídeo: Telemadrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que la futura ley de vivienda que impulsará el Gobierno será "comprometida en lo social" y "responsable y equilibrada" desde el punto de vista del respeto a la propiedad privada, y ha instado al PP a darle una "oportunidad" y construir en torno a esta norma un "acuerdo de Estado" para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Eslovenia al ser preguntado por el rechazo frontal a esta ley que ya ha avanzado el líder del PP, Pablo Casado, quien ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Constitucional y no la aplicará en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobiernan.

El PP llevará la Ley de Vivienda al Constitucional y no la aplicará en sus comunidades y ayuntamientos
El PP llevará la Ley de Vivienda al Constitucional y no la aplicará en sus comunidades y ayuntamientos
El PP llevará la Ley de Vivienda al Constitucional y no la aplicará en sus comunidades y ayuntamientos

El PP llevará la Ley de Vivienda al Constitucional y no la aplicará en sus comunidades y ayuntamientos

"Me gustaría que se lo pensaran dos veces aquellos que ya han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero si no conocen el texto, no le han dado ni una oportunidad a la tramitación parlamentaria para poder presentar enmiendas", ha afirmado. "No se puede decir que 'no' a un proyecto de ley que ni se ha tenido la ocasión de poder leer y que no ha podido ser debatido en las Cortes", ha criticado Sánchez, antes de defender que se trata de un "conjunto de propuestas equilibradas desde el punto de vista de lo que exige la Constitución", respecto al "respeto absoluto de la propiedad privada".

No obstante, Sánchez ha dejado claro que al mismo tiempo también será una ley "comprometida con el acceso de los jóvenes a la vivienda", para revertir el hecho de que España tenga, según ha señalado, una edad de emancipación "inaceptable y disparatada, muy superior a los 26 años de media de la Unión Europea".

En relación al anuncio del 'bono joven' para el alquiler vivienda que aprobará el Gobierno en los próximos Presupuestos Generales del Estado, dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, Sánchez ha garantizado que todos los jóvenes podrán acceder a esa ayuda, con independencia de lo que haga cada territorio.

El presidente no se ha pronunciado en concreto sobre la advertencia que hizo el Banco de España en 2020 de que los subsidios para el alquiler han acabado provocando en otros países la subida de los precios, según un informe del que ahora se hace eco Vozpópuli. Al ser preguntado al respecto, Sánchez ha optado por defender la idoneidad de esta medida que él mismo anunció este martes del 'bono joven', asegurando que lo que busca es facilitar el acceso a la vivienda de este colectivo.

"Nosotros estamos convencidos de que estas ayudas directas lo que van a hacer es ayudar a que se puedan emancipar antes y no hacemos ningún distingo. Con independencia de lo que haga cada cual y cada comunidad, los jóvenes van a poder acceder a esa ayuda", ha afirmado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, principal interlocutora de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, sostuvo que “el Gobierno está en las mayorías sociales”, mientras que “el proyecto de destrucción del PP, del señor Casado, está en los márgenes de la sociedad española”, una postura por la que Díaz dijo que le augura “muchos años al Gobierno de coalición”.

"Intervencionismo suicida", Casado anuncia que llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y no la aplicarán sus Comunidades y Ayuntamientos

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles en Telecinco que su formación llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y ha avisado de que no se aplicará en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobierna su partido. A su entender, "este intervencionismo es suicida" y demuestra que España tiene "el Gobierno más radical de la Unión Europea".

El jefe de la oposición ha advertido de que con las medidas del Gobierno lo que va a suceder es que la gente no ponga sus pisos en alquiler y al final haya menos pisos a los que acceder y, por tanto, suba su precio.

Casado ha señalado que no es solo una cuestión de dar ayudas, que "suelen incrementar" el precio del alquiler", sino de dar seguridad jurídica, que vengan a España los inversores y que los jóvenes tengan empleo porque si disponen de una nómina podrán acceder al alquiler.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, denunció este miércoles en el Fórum Europa que la nueva Ley de Vivienda anunciada por el Gobierno va contra el libre mercado y el derecho a la propiedad privada y alertó sobre la tentación de volver al “intervencionismo” con la imposición de una reforma laboral no pactada porque “llevaremos a España a una situación bastante complicada”.

“El intervencionismo se ha demostrado ampliamente en la historia que lo único que hace es controlar el mercado y no va a solucionar nada”, agregó, alertando del riesgo de “retraer la inversión” y reprobando que “va contra el artículo 33 de la Constitución, que es el derecho a la propiedad” y “contra la propia libertad de empresa”.

Comunidades y Ayuntamientos divididos respecto a su posible aplicación

Lo cierto es que el reparto de competencias, que concede a las comunidades y los ayuntamientos capacidad de decisión en materia vivienda, anima a la rebelión de distintos gobiernos autonómicos y municipales, fundamentalmente del PP, contra la ley de vivienda anunciada por el Gobierno.

El Ejecutivo ha admitido desde el primer momento que "la ley tiene en cuenta las competencias de cada administración", como dijo el ministro de Presidencia Félix Bolaños tras el Consejo de Ministros, de modo que, por ejemplo, son las comunidades las que deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado -en las que se aplicará la regulación de precios- y los ayuntamientos los que podrán habilitar, o no, el recargo del IBI para las viviendas vacías.

Aunque las reticencias han surgido con fuerza en las comunidades y ayuntamientos del PP, también la Generalitat de Cataluña ha expresado sus dudas y la consellera catalana de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha advertido este martes al Gobierno que si la ley "invade competencias", el Govern la recurrirá ante el Constitucional.

Lo mismo hará la Comunidad de Madrid, que ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la ley "atenta directamente" contra su Estatuto de autonomía, como ha señalado la consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este martes contra el Gobierno por no haber remitido a su comunidad un borrador de la ley de vivienda, aunque de lo que sabe por los titulares de prensa "no se desprende nada bueno ni para inquilinos, ni para propietarios".

El presidente de Murcia, el también popular Fernando López Miras, la ha considerado "una ley expropiadora", "comunista" e "intervencionista" y ha adelantado que no la aplicará.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado al Gobierno que las comunidades tienen las competencias, si bien en una primera valoración ha calificado la futura ley como "claramente intervencionista" y cree que repercutirá negativamente en el mercado. Al igual que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que la ha rechazado y ha pedido que las comunidades sean "tenidas en cuenta".

Por el contrario, la iniciativa del Gobierno ha recibido el aplauso de los gobiernos autonómicos socialistas.

La rebelión del PP tiene su eco en los ayuntamientos, incluida la capital, donde su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha garantizado este martes que no subirá el IBI en la capital pese a que lo autorice la ley.

El alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, ha vaticinado que esta iniciativa "no va a dar buenos frutos" y "va a generar importantísimos problemas de seguridad jurídica"; mientras que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma), ha dicho a Efe que es un "ataque a la propiedad privada"; y el de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que no aplicará una subida que cree "salvaje".

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha dicho estar "encantado" y la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, ha celebrado el acuerdo en el seno del Gobierno sobre la Ley de Vivienda.

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, ha saludado "con mucho agrado" el acuerdo y, aunque quiere esperar a leer "la letra pequeña", considera que "las decisiones van en la muy buena dirección".

En Gijón, el equipo de gobierno del PSOE ha avanzado que está a favor de establecer un recargo en el IBI para favorecer que aflore la vivienda vacía; y en Logroño, su alcalde, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza ha dicho a Efe que no conoce los detalles de la ley pero "no es mala noticia" que los ayuntamientos puedan favorecer el alquiler de las viviendas vacías.

En cambio, el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha descartado aprovechar la posibilidad que ofrecerá la nueva ley para incrementar la carga fiscal mediante una subida del IBI.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV) ha recordado que están en un "estadio mucho más avanzado", con un impuesto que penaliza las vivienda vacía con un 100%; en tanto que el Ayuntamiento de Vitoria ya ha avisado de que no tiene intención de aplicar un recargo en el IBI a las viviendas vacías.

Mejores Momentos

Programas Completos