Ruiz Escudero sobre el contrato de Priviet Sportive: "Actuamos con absoluta transparencia, siempre sujetos a la legalidad"

  • El consejero madrileño de Sanidad reitera ante la Fiscalía Anticorrupción que todo fue legal y explica el procedimiento administrativo de contratación
Foto: REDACCIÓN |Vídeo: Telemadrid

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, declaró el pasado miércoles en la Fiscalía Anticorrupción en calidad de testigo por el contrato adjudicado en 2020 por la Comunidad de Madrid por vía de emergencia para la compra de mascarillas en China a la empresa Priviet Sportive S.L. relacionada con el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros, según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes de Sanidad.

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La Fiscalía Anticorrupción investiga si hay indicios de delito en este contrato "a la vista de que los hechos denunciados" por los tres grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos- "pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia".

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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado este viernes que en su declaración del pasado miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción explicó el procedimiento administrativo llevado a cabo por la Consejería de Sanidad en la contratación de emergencia durante la fase más dura de la pandemia de Covid y ha reiterado que se actuó "con absoluta transparencia" y "siempre sujetos a la legalidad".

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Ruiz Escudero es el primer alto cargo del Gobierno madrileño en prestar declaración ante la Fiscalía por el contrato por valor de más de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 que fue adjudicado en abril de 2020 a la Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcazar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

"Actuamos con absoluta transparencia, siempre sujetos a la legalidad y adaptados a la situación que vivíamos, con el momento más crítico de la pandemia", ha explicado Escudero, quien ha recordado que aquel 1 de abril de 2020 había más de 13.000 pacientes ingresados, 1.500 en UCI y morían más de 300 personas diarias. El objetivo último, ha recalcado, era el de proteger a los profesionales sanitarios en un primer término y posteriormente a la totalidad la población.

A colación también del procedimiento judicial por la compra de mascarillas abierta contra dos empresarios (Luis Medina y Alberto Luceño) por una presunta estafa en la adjudicación de material sanitario para la ciudad de Madrid, el consejero ha reiterado la necesidad de tener en cuenta el contexto en el que se realizó esta compra.

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"Vivíamos lo peor de la pandemia y las compras que se hicieron fue en esa situación. Ahí la fluctuación de precios era tremenda, incluso de un día para otro e incluso en el mismo día porque era una necesidad vital. En ese sentido, pues lógicamente el Ayuntamiento actuaría con esa necesidad de compra como el resto de Administraciones", ha aclarado.

La Consejería de Sanidad ya remitió a la Fiscalía toda la documentación relacionada con este contrato, desde la contratación y recepción de la oferta a cómo pasó valoración del secretario general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), aprobación de la viceconsejera, las cifras de la intervención o la dación de cuentas al Consejo de Gobierno.

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La Fiscalía Anticorrupción abrió en febrero diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas. De hecho apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.

En este sentido, investiga la parte referida a delitos relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive por las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid.

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