La reforma del Código Penal prevé prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días para aquellos que hostiguen o coarten a las mujeres que van a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo.
La proposición de ley presentada por el PSOE hace referencia a las concentraciones que llevan años produciéndose en las puertas de las clínicas como por ejemplo la Dator de Madrid. La asociación que las agrupa ve con buenos ojos esta reforma del Código Penal que ahora se empieza a tramitar.
Desde la asociación Derecho a Vivir defienden su manera de actuar. Niegan que sea acoso y consideran que con esta reforma se les está criminalizando.
Objeción de conciencia en el Clínico
Por otro lado, el servicio de Ginecología del hospital público madrileño Clínico San Carlos no atendió la interrupción del embarazo de una mujer con una gestación de riesgo ya que todos los profesionales de este servicio están sujetos a la objeción de conciencia ante un caso de aborto.
Según ha informado la Cadena Ser, la paciente, Marta, que es geriatra en este centro médico, sufrió a las 17 semanas de gestación la rotura prematura de la bolsa y perdió el líquido amniótico, por lo que le comunicaron en el Clínico, donde estaba ingresada, que el pronóstico fetal era infausto.
Con todo, según la paciente, el hospital le dio el alta para que gestionase la interrupción del embarazo en una clínica privada donde la prestación es gratuita, ya que los ginecólogos del hospital estaban sujetos a objeción de conciencia.
