El ayuntamiento de Murcia ha comenzado una ronda de inspecciones en locales de ocio nocturno de gran aforo en las zonas de Atalayas y Mariano de Rojas que tienen órdenes de cierre para, en el caso de que continúen abiertos como ocurría con las discotecas incendiadas el domingo, proceder a su precinto.
Así lo ha dicho en rueda de prensa la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que no ha especificado cuántos locales tienen una orden municipal de cese de actividad, si bien ha reconocido que éstas afectan a todo tipo de negocios y “con una casuística diversa”, no solo al ocio nocturno.
No obstante, y tras la tragedia que ha dejado 13 fallecidos, el consistorio ha establecido un sistema de cribado: comenzará hoy mismo a revisar los locales con ese tipo de órdenes que tengan gran afluencia y que se concentran en grandes zonas de ocio nocturno, en concreto, ha citado Atalayas, donde estaban también las discotecas siniestradas, y la avenida Mariano de Rojas.
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Los inspectores, ha dicho, comprobarán que las discotecas que así lo tengan ordenado estén cerradas y, en caso contrario, procederán a su precinto, una medida que no se llevó a cabo en el caso de la sala Teatre, que debía haber cerrado sus puertas en enero de 2022 y que nunca obtuvo el permiso para dividir la nave en la que estaba también el otro local incendiado, Fonda Milagros.
Pérez ha dicho desconocer por qué el expediente de cierre de Teatre no siguió “el avance lógico”, que habría sido el de precintar el local tras la visita que un inspector hizo en octubre de 2022, y ha insistido en que el objetivo es ahora determinar si hay otros expedientes en la misma situación, con órdenes de cierre que no han llegado a ejecutarse.
“Debido a la cantidad de expedientes” de cese de actividad ha sido necesario hacer “un cribado” para actuar “de forma inmediata” en aquellos negocios de características similares a los siniestrados: los que están en grandes áreas dedicadas al ocio nocturno y los que tienen una mayor afluencia de público.
Además, el ayuntamiento de Murcia va a poner en marcha dos nuevos protocolos destinados a mejorar la “trazabilidad” entre los diferentes departamentos de la administración local, uno en materia de “disciplina urbanística” y otro sobre “licencias de actividades”.
Se trata de mejorar la “seguridad, control, rigor y agilidad” a la hora de cotejar expedientes y controlar el “margen de discrecionalidad de los funcionarios”.
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Precisamente, el ayuntamiento anunció ayer que ha apartado de sus funciones de manera cautelar a los trabajadores públicos relacionados con el expediente de cierre de Teatre.
La vicealcaldesa no ha determinado cuántos funcionarios son, sino que se ha limitado a decir que son aquellos que tuvieron relación “directa” con el expediente y que ya no ejercerán las responsabilidades que venían teniendo hasta este momento.
Entre otras cosas, los nuevos protocolos, en cuya redacción ya se está trabajando, ha dicho, permitirán incorporar el servicio de Policía Local a las labores que llevan a cabo los inspectores, que son los que vigilan las órdenes que dicta el consistorio.
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Sobre la posibilidad de que la Asamblea Regional de Murcia abra una comisión de investigación sobre este asunto, Pérez ha insistido en que el ayuntamiento es el principal interesado en esclarecer los hechos y, por eso, ha puesto en marcha desde el primer momento una investigación interna de la que se ha derivado el cese cautelar de los funcionarios y que sigue avanzando para tratar de aclarar todo los sucedido.
Además, el Gobierno regional va a poner en marcha un servicio especializado de atención social y psicosocial para los familiares y allegados de las 13 víctimas mortales del incendio de las discotecas de Atalayas (Murcia), según ha informado el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño.
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Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ortuño ha explicado que este servicio complementa las medidas implementadas en este sentido por los ayuntamientos de Murcia y Caravaca de la Cruz, donde residían las víctimas.
Además, ha recordado que el Gobierno de Murcia también ha puesto en marcha ayudas económicas para los familiares de las víctimas que no puedan asumir los gastos del entierro o repatriación de los fallecidos.
"La prioridad del Gobierno regional es ayudar a las familias de las víctimas", ha dicho Ortuño, quien ha señalado que la Administración autonómica asumirá el coste de los viajes de los familiares de los fallecidos, procedentes de Ecuador, Nicaragua y Colombia, si así lo solicitan, para que puedan venir a España a hacerse cargo de los cuerpos.
