García Ortiz se enfrenta a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación
- La Fiscalía del Supremo se alinea con la Abogacía del Estado que actúa como defensa de García Ortiz y denuncia la vulneración de sus derechos
- El fiscal Julián Salto ve "legal" que le pidieran informar del caso del novio de Ayuso aunque era "un fraude más"
Un juicio inédito en la historia de España, enfrenta desde este lunes en la la Sala Penal del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado en ejercicio, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de la causa por delito fiscal de Alberto González Amador -el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--.
La Abogada del Estado, que ejerce su defensa, Consuelo Castro ha denunciado la vulneración de todo un conjunto de derechos del fiscal general del Estado dentro de un "proceso injusto" que le ha sentado en el banquillo tras una "instrucción inquisitiva" en busca de pruebas para intentar demostrar que filtró un correo del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Sentado a su derecha, en estrado y vestido con toga escuchaba el fiscal general, que afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, asumía en su nombre la comisión de un fraude a Hacienda.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, intervino también en el trámite de cuestiones previas del juicio para alinearse con la defensa de García Ortiz y denunciar la vulneración de sus derechos.
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Por su parte, las acusaciones se han opuesto a las impugnaciones de la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Calificaron la instrucción del juez Hurtado de "modélica" y negaron que se haya realizado una investigación prospectiva y respaldaron el registro del despacho del fiscal general.
El abogado que ejerce la acusación popular en nombre de los fiscales de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) también avaló la instrucción del juez Hurtado porque "no ha podido ser más pulcra".
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También impugnó los argumentos de nulidad el letrado que representa al Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerce la acusación popular.
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El fiscal Julián Salto, que investigó a Alberto González Amador -el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- en la causa por delitos fiscales, ha sostenido que la orden de sus superiores para que informara de este asunto fue "legal", aunque ha admitido que no le pareció que el caso tuviera "enjundia" porque era "un fraude más" y ha asegurado tajante que "nadie me ha dado una indicación de que no se pudiese llegar a una conformidad".
