El Gobierno catalán y los Comunes pactan prohibir compras de vivienda especulativas

La Generalitat de Cataluña prohibirá comprar viviendas si la adquisición tiene un fin especulativo. La medida la ha pactado Salvador Illa con los Comunes para aprobar los próximos presupuestos y tendrá repercusiones en el mercado inmobiliario catalán.

El pacto presupuestario alcanzado por Comuns y el Govern de Cataluña prevé una reforma de la ley de urbanismo para habilitar a los ayuntamientos de zonas tensionadas a frenar la compra especulativa de vivienda por parte de grandes tenedores y fondos buitre, según ha avanzado Comuns en un comunicado.

Una de las condiciones de los Comunes para pactar los presupuestos pasaba por prohibir la compra especulativa de vivienda, algo que se traducirá en una reforma de la ley de urbanismo que entrará en vigor antes del verano, para garantizar que los pisos se destinen a residencia habitual o a alquiler a un precio con tope.

La reforma permitirá que los ayuntamientos de los 271 municipios declarados zona de mercado residencial tensionado, que concentran el 90% de la población catalana, aprueben planes especiales urbanísticos para impedir que las viviendas se compren para especular.

Los grandes tenedores, a partir de cinco inmuebles, no podrán comprar viviendas para especular en estas zonas y solo podrán adquirir edificios enteros, siempre con la obligación de destinarlos a alquiler residencial con precio topado, ha informado Comunes.

En el caso de personas físicas que sean grandes tenedores, solo podrán comprar una vivienda para vivir en ella, algo que tendrán que acreditar mediante declaración responsable ante notario y empadronamiento en un plazo de 12 meses, prorrogable seis meses más por causas justificadas.

En cuanto a los pequeños tenedores, podrán comprar hasta un máximo de cuatro viviendas, siempre que sean para uso propio, de un familiar hasta segundo grado o para alquilarlos a precio de índice.

Las personas físicas, ya sean pequeño o gran tenedor, podrán comprar una segunda residencia en otro municipio de la residencia habitual y se considerará una extensión de la primera.

La reforma pactada incorpora también nuevas sanciones, con supuestos considerados muy graves como no destinar la vivienda al uso declarado, la simulación de negocios jurídicos o el fraude de ley para eludir la condición de gran tenedor, con multas que podrán ascender a 1,5 millones de euros.

La tramitación de la reforma legislativa se llevará a cabo por lectura única, para acortar plazos, con el objetivo de que entre en vigor antes de que acabe el primer semestre de este año.

El acuerdo entre Comunes y el Govern para los presupuestos de la Generalitat de 2026 necesitará también de los votos de ERC para poder ser aprobado en el Parlament.