Comienza el juicio por el 'dieselgate', casi 5 años después de que estallara el escándalo, con 700.000 conductores afectados en España. Volkswagen está acusado de perjudicar a los clientes por trucar varios modelos de coches diésel para falsear los test de emisiones. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que representa a 7.500 afectados pide una indemnización de 3.000 euros por vehículo, en total 22 millones de euros.
La automovilística no ha querido negociar a pesar de que en Estados Unidos ha abonado compensaciones de hasta 10.000 euros. Volkswagen España se ha desmarcado este lunes de la polémica por el trucaje de motores diésel al alegar que, dada su condición de importadora de vehículos del grupo, no interviene en el proceso de fabricación, si bien ha descartado que el "software" instalado en ellos manipule los datos sobre emisiones.
Ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que ha celebrado la vista por la macrodemanda de la OCU contra la filial del grupo alemán, el letrado de la compañía ha insistido en que los programas informáticos que incorporaron los motores de la familia EA 189 hasta 2015 "no falsean nada", y ha pedido que no se compare la situación en Europa con el "dieselgate" de Estados Unidos.
En España no ha habido sanción administrativa, en contra de lo ocurrido en otros países.
