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(Actualizado

Hemos hablado con Pilar Ferrer, directora ejecutiva de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que ha querido denunciar la grave situación de los plazos de pago en España.

A pesar de que la ley marca un límite de 60 días para operaciones entre empresas y de 30 días para el sector público, estas normas son sistemáticamente vulneradas.

Nos cuenta que a los datos de morosidad institucionalizados se suman las tácticas y desigualdades que afectan directamente a los más pequeños. Según los datos de Informe de Pagos elaborado por el Observatorio Europeo, las grandes empresas cometen más infracciones que las microempresas.

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Uno de los grandes problemas es que el sector público empieza a contar el plazo de pago solo cuando la factura entra en su sistema, mientras que los proveedores llevan esperando desde el momento en que la emite la factura.

En las grandes empresas se retrasan los pagos porque les permite tener el dinero en el banco, mejorar sus balances y reducir sus propias necesidades de financiación, consiguiendo mejores calificaciones de crédito a costa de sus proveedores.

Pilar reclama que esta práctica genera una reacción en cadena. Al no cobrar a tiempo, las empresas más pequeñas se ven obligadas a endeudarse para cubrir sus gastos, siendo el último eslabón el que acaba absorbiendo todo el impacto de esta morosidad.

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