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Las agresiones a policías nacionales y guardias civiles no han dejado de crecer desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior en junio de 2018. Según los datos oficiales publicados por el propio Gobierno, las agresiones a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han pasado de 9.967 casos en 2018 a 16.554 en 2025, lo que supone un incremento del 65,7% en siete años.

La cifra equivale a una media de 46 agresiones diarias contra policías nacionales y guardias civiles en toda España. Aunque el dato de 2025 no supera el récord registrado en 2024, sí confirma que la violencia contra los agentes se mantiene en niveles muy superiores a los existentes antes de la llegada de Marlaska al cargo.

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Desde la asociación ‘Una Policía para el Siglo XXI’ denuncian que la situación real podría ser todavía más grave. Su vicepresidente, Josema Vallejo, asegura que “las estadísticas están infra detectadas” y relaciona este aumento con un crecimiento de la delincuencia y con la falta de una respuesta judicial contundente.

“Las multas son ridículas. Un puñetazo a un guardia civil puede costar 40 o 50 euros”, lamenta Vallejo, que denuncia que muchos delincuentes reincidentes apenas afrontan consecuencias penales por agredir a agentes.

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El representante policial relata incluso un caso vivido en primera persona. Según explica, sufrió un intento de atropello por parte de un delincuente con un amplio historial penal que, además, intentó atacar a dos policías locales. “Aquello se saldó con 400 euros”, asegura.

Vallejo también critica la situación de indefensión que, a su juicio, viven muchos agentes cuando resultan heridos de gravedad. Denuncia que numerosos delincuentes son insolventes y que, en muchos casos, los policías o sus familias deben enfrentarse a largos procesos judiciales para reclamar indemnizaciones.

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“Cada día mujeres y hombres salen a batirse el cobre en las calles con un desamparo total de las instituciones”, afirma. Desde la asociación advierten además de un creciente desgaste dentro de los cuerpos policiales y aseguran que muchos agentes sienten que “se les invita a hacer dejación de funciones” ante la falta de respaldo institucional y jurídico.