200 familias del centro de Madrid, obligadas a dejar sus casas tras la venta de 14 inmuebles
Los vecinos reclaman que la Fiscalía investigue lo que consideran una operación opaca
Arzobispado, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno forman parte del Patronato de la Fundación Fusara
REDACCION
200 familias afrontan estos días con angustia. Viven en 14 inmuebles del centro de Madrid pertenecientes a Fusara, una fundación tutelada por la Iglesia que vendió el pasado mes de julio sus casas. Ahora su futuro está en el aire. Semanas atrás, recibieron un burofax informándoles de la no renovación del contrato de arrendamiento. Sin opciones a negociar nada, sí o sí, tendrán que abandonar las viviendas.
Buenos Días Madrid ha estado con algunos de los vecinos afectados. Concretamente en uno de los inmuebles vendidos, situado en la calle Santa Teresa. Denuncian que de la noche a la mañana se ven "expulsados de su barrio" de "sus casas". Los nuevos propietarios de los inmuebles no está dando la opción de que puedan continuar residiendo en las viviendas actualizando siquiera los alquileres.
Es el caso de Clara y Rafa, inquilinos de uno de los pisos. Ellos aún no han recibido el burofax al estar en vigor el contrato hasta el verano de 2020. Pero tienen claro que para el próximo mes de mayo llegará "esa decisión irrevocable de tener que abandonar nuestro hogar".
"Si tu echas a los vecinos, si tu acabas con los negocios, entonces vamos a acabar con el barrio "
Ellos viven en un piso de 80 metros cuadrados por el que pagan una renta mensual superior a los 1.000 euros. "Son rentas que son de mercado de hace unos años; ahora estamos en momentos de una especulación tan loca, que la gente pisos así, los alquila como alojamientos turísticos y saca 5.000 euros. Esto lo que hace es expulsar del a la gente normal que vivimos, para meter turista y más turistas".
La medida no sólo afecta a las familias de los pisos, sino también a los comercios de los inmuebles. "Si tu echas a los vecinos, si tu acabas con los negocios, entonces vamos a acabar con el barrio y si acabas con el barrio, acabas con la ciudad", remarca.
Hasta la fecha, se desconoce el nombre del comprador, las cifras y la finalidad de la operación
Operación opaca
Lo que ha trascendido hasta el momento de la operación es que las 14 sociedades interpuestas que compraron los pisos se crearon entre abril y junio de este año. Hasta la fecha, se desconoce el nombre del comprador, las cifras y la finalidad de la operación.
Según ha publicado ABC, la autorización de la venta de 14 edificios por parte de Fusara - a un entramado de sociedades interpuestas se realizó a espaldas de su Patronato, del que forma parte la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento y el Arzobispado.
La información de ABC resalta que en la reunión celebrada el pasado 24 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales, no estuvieron presentes ni la Delegación del Gobierno ni el Ayuntamiento. Una coyuntura que el Registro de la Propiedad número 28 de Madrid justificó para suspender la inscripción de compra de cinco de los inmuebles.
"El registrador señala una serie de posibles irregularidades, relacionadas con la forma en que se llevó a cabo la venta en al menos cinco de los inmuebles"
El registrador señala una serie de posibles irregularidades, relacionadas con la forma en que se llevó a cabo la venta de los inmuebles situados en Santa Teresa, 8 y 9; Churruca, 15; Castillo, 4; y Barquillo, 22, rechazando su inscripción al no constar inscrita la totalidad de los miembros que componen el Patronato de Fusara.
Además de los suspendidos en el Registro, los inmuebles afectados por la operación están situados en Fuencarral, 113 y 130; San Bernardo, 55; Luchana, 6; Imperial, 9; paseo de las Delicias, 16; Angosta de los Mancebos, 2; Fúcar, 13; y Olivar, 5.
Según señala Clara, se trata de una operación bastante opaca, "No sabemos absolutamente nada . No sabemos quien está detrás de la compra de estos pisos. Tampoco sabemos porque la Fundación Fusara ha tenido que vender estos pisos porque realmente en sus cuentas anuales de 2018, que se pueden consultar, tienen un beneficio de 600.000 euros gracias a las rentas que nosotros pagamos".
"Hay muchos vecinos que no quieren hablar por las represalias que pueda haber"
Reclaman que actúe la Fiscalía
Reclaman una investigación y que "actúe Fiscalía y solicitan al Ayuntamiento de Madrid, Delegación del Gobierno. el Arzobispado y Protectorado se pongan en contacto con los afectados y nos expliquen esta operación opaca", remarca Clara.
"Hay miedo a hablar. Muchos vecinos no quieren hablar y estamos dando la cara siempre los mismo. Ya no tenemos nada que perder. Nos vemos fuera del barrio y hay muchos vecinos que no quieren hablar por las represalias que pueda haber", sentencia.
