Podemos habla de golpe a la democracia y llama a la desobediencia

  • Pablo Echenique, que en rueda de prensa ha explicado que si el TC "interviene de forma inaudita" la tramitación de leyes en la sede de la soberanía nacional, donde según la Constitución reside el mandato de elaborar leyes, "no habría motivos para acatar" tal orden.
Foto: EFE |Vídeo: Telemadrid

Podemos y otros socios del Gobierno han calificado de "golpe sin precedentes a la democracia" la decisión del Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, como había solicitado el PP.

Batet expresa  su "preocupación" por una decisión sin precedentes  aunque acatará la decisión
Batet expresa su "preocupación" por una decisión sin precedentes aunque acatará la decisión
Batet expresa su "preocupación" por una decisión sin precedentes aunque acatará la decisión

Batet expresa su "preocupación" por una decisión sin precedentes aunque acatará la decisión

"La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia, toca demostrar que los demócratas somos más", ha subrayado la líder de Podemos, Ione Belarra, a través de las redes sociales.

El portavoz de los comunes, Jaume Asens, que forma parte de Unidas Podemos, se ha referido también a esta resolución como un "golpe contra el poder del pueblo y la separación de poderes. Estamos más cerca de convertirnos en Hungría o en Polonia".

ERC, por boca de su portavoz Gabriel Rufián, ha señalado que la corte de garantías ha decidido paralizar un pleno del Senado que no le gusta, "dar una Champions más al Real Madrid, hacer Presidente del Congreso a Pepe Reina y calificar los sobresueldos del PP como propina".

El Gobierno dice que acata la resolución del TC aunque  es de "gravedad máxima"
El Gobierno dice que acata la resolución del TC aunque es de "gravedad máxima"
El Gobierno dice que acata la resolución del TC aunque es de "gravedad máxima"

El Gobierno dice que acata la resolución del TC aunque es de "gravedad máxima"

Mientras, desde Más País, Íñigo Errejón ha lamentado que se haya consumado "el atropello democrático" y ha anunciado que han acabado de registrar una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y evitar los retrasos en la renovación de los magistrados.

La reforma que plantean, prevé, entre otras cosas, que los magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno se renovarán cada nueve años, y si transcurridos nueve años y tres meses uno de estos dos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los dos magistrados designados por el órgano "que ha cumplido en tiempo su deber constitucional.

El PP dice que ha triunfado el Estado de Derecho y pide al Gobierno acatar la decisión del TC
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Además, introduce la posibilidad de que el Gobierno o el CGPJ puedan renovar a la parte del Tribunal que les corresponde, de manera desagregada si transcurridos tres meses desde la fecha en la que se debería haber producido la renovación, el otro órgano no ha cumplido con su deber constitucional de designación de sus candidatos.

Esta mañana la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, defendió que si el Tribunal Constitucional actuaba de forma "antidemocrática" suspendía la tramitación de esta reforma, las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no atender esa paralización.

El Tribunal Constitucional admite el recurso del PP y rechaza apartar a dos de sus magistrados
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En la misma línea se expresó posteriormente el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que en rueda de prensa ha explicado que si el TC "interviene de forma inaudita" la tramitación de leyes en la sede de la soberanía nacional, donde según la Constitución reside el mandato de elaborar leyes, "no habría motivos para acatar" tal orden. No obstante, ha recordado que su partido carece de representación en la Cámara Alta.

Sin embargo, fuentes del entorno de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz se desmarcan de esta posibilidad y recalcan que se aceptará desde el Gobierno la decisión que adopte el alto tribunal, reservándose el derecho de recurrir en las instancias jurídicas europeas.

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