Muere el anciano atacado por tres perros rottweiler en Vallecas
El dueño de los perros será imputado por homicidio imprudente
AGENCIAS
La titular del juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha dejado en libertad al dueño de los tres perros de la raza rottweiler que el pasado sábado atacaron en Madrid a un octogenario, aunque le imputará un delito de homicidio imprudente después de conocerse que la víctima ha fallecido.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han indicado a Efe que el supuesto dueño de los perros, Herminio A.A., fue puesto este lunes a disposición judicial y negó ante la titular del juzgado, en funciones de guardia, que él tuviera la guardia y custodia de los animales.
Ante ello, y en espera de que prosigan las investigaciones, la jueza lo dejó en libertad con cargos al tener domicilio conocido en Madrid y le imputó un delito de lesiones imprudentes.
No obstante, después de conocerse el fallecimiento del octogenario en el hospital de La Paz, la magistrada podría modificar su auto inicial e imputar a Herminio A.A. un delito de homicidio imprudente.
De todos modos, el juzgado tiene previsto realizar las diligencias necesarias para que se certifique a quién pertenece la guardia y custodia de los tres perros que atacaron al hombre, de 81 años, en la carretera que une Villaverde y Vallecas, en Madrid capital, junto a una zona de polígonos industriales.
El anciano tenía los dos brazos "en estado catastrófico" y desgarros en ambas piernas
El anciano, con los dos brazos "en estado catastrófico" y desgarros en ambas piernas, fue atendido por efectivos del Summa 112 y trasladado herido muy grave a La Paz.
Ninguno de los animales tenía chip ni documentación en regla. Se encontraban en el patio exterior vallado de una nave de cerámica y cementos situada en el número 470 de la calle de Embajadores, en la confluencia de la carretera de Villaverde a Vallecas.
Los perros Rottweiler están considerados dentro del grupo de razas de canes potencialmente peligrosas, según el decreto regional que transpone la normativa estatal en la materia fijada en el Real Decreto 287/2002.
