La okupación siempre es un problema que se agrava en el caso de la vivienda social. En Madrid hay 2000 viviendas adjudicadas a personas que cumplen los requisitos oficiales y que no pueden ser entregadas porque están okupadas ilegalmente. Desde la Comunidad de Madrid se denuncia que en algunos casos, los okupas alegan tener coronavirus o haber estado en contacto con algún positivo para retrasar en el tiempo el desahucio, y que hay jueces que no son partidarios de desalojar a nadie mientras dure la pandemia con el perjuicio que eso produce a las familias que están en las listas de espera. Nos lo ha contado Eusebio González que es Director del Área Social de la Agencia de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Otro caso diferente es el de los vecinos del antiguo palacete Infanta Carlota. Hoy se cumple el plazo dado por el ayuntamiento de la capital para que estas 50 familias desalojen el edificio que presenta graves deficiencias. Con ellos ha estado Gloria Talavera con nuestra Unidad Móvil.
Y como cada martes hemos abierto consultorio laboral con Legálitas. La abogada Lola Justo ha respondido entre otras a preguntas que tienen que ver con el reconocimiento de antigüedad en una empresa o la posibilidad de cobrar las vacaciones en vez de disfrutarlas.
