El robo de cable en líneas ferroviarias, ¿un delito agravado?

MADRID/ La línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía ha sido y es uno de los principales objetivos de grupos criminales dedicados al robo de cobre en España. Las sustracciones han puesto en jaque la infraestructura de Adif en varias ocasiones y han provocado crisis de movilidad en el transporte ferroviario del país.

El accidente de tren de Urda (Toledo) ha puesto de relieve la importancia del funcionamiento de los sistemas de señalización, control y seguridad que dependen de esos cables tendidos junto a las vías.

Precisamente, uno de los episodios más graves registrados en este corredor ferroviario, en mayo de 2025, afectó a cinco puntos simultáneos de la provincia de Toledo, concretamente en el tramo comprendido entre Yeles, Mora y Urda. Los ladrones inutilizaron los sistemas esenciales de comunicación de la vía para arrancar cientos de metros de cableado.

El destrozo técnico obligó a Adif a suspender el tráfico ferroviario en todo el eje sur, interrumpiendo la conexión de Madrid con Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada.

Más recientemente, el 11 y 12 de junio de este año, en ese mismo tramo, Adif ha registrado otros robos de cable posteriores de importancia entre Urda, Mora y Orgaz.

En julio se produjeron otros seis robos de cobre en la línea Madrid-Andalucía entre Toledo y Ciudad Real, en ocasiones a los pocos días de haberse repuesto el material.

En septiembre el robo de cable de señalización en el corredor Córdoba-Málaga provocó fuertes demoras en los servicios de alta velocidad hacia la Costa del Sol.

Modificación del Código Penal

El Ministerio de Transportes propuso en julio de este año una modificación del artículo 240 del Código Penal para endurecer los delitos relacionados con el robo de cable.

Transportes incluyó en su propuesta un subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión, cuando la sustracción afecte la circulación o el servicio ferroviario, ya que se considera una infraestructura "crítica" del sistema de transporte nacional.

Además del coste social de estos robos de cables por el impacto en la movilidad de miles de personas, la repercusión económica es muy elevada. La reposición de las líneas, de cobre generalmente, supone una inversión de varios cientos de miles de euros en cada tramo afectado.