La Policía ha destapado en varias comunidades, entre ellas Madrid, fraudes a la seguridad social por un importe superior a los 36 millones de euros cometidos en el último trimestre de 2012, lapso en el que los agentes especializados en delitos económicos detuvieron a 107 personas.
Además, fruto de 45 investigaciones y operaciones sobre actuaciones fraudulentas en materia de filiación y cotización practicadas en Madrid, Almería, Barcelona, Gerona, Tenerife, Valencia y Castellón, los agentes imputaron a 47 personas.
Según informa la Dirección General de la Policía, los hechos investigados se refieren a delitos de insolvencia punible o contra la Tesorería General de la Seguridad Social.
Respecto a las insolvencias punibles, se trata de infracciones cometidas por los responsables de empresas que, tras acumular deudas con la Seguridad Social por impago de las cuotas de seguros sociales, llevan a cabo una descapitalización de la deudora.
Con ello provocan una situación de insolvencia con la finalidad de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social.
Por su parte, los delitos contra la Seguridad Social son cometidos por empresas que, al incumplir la obligación de cotizar, generan importantes deudas -superiores a 120.000 euros por año natural-, y se hacen valer de testaferros o la declaración de domicilios falsos para ocultar la verdadera identidad del deudor.
Otra de las modalidades utilizadas para defraudar a la Seguridad Social por parte de las empresas investigadas consistía en realizar contratos de trabajo a un elevado número de personas, a pesar de tratarse de mercantiles sin una actividad real y efectiva.
Así lograban que los falsos trabajadores, tras acumular los periodos mínimos de carencia exigidos, pudieran acceder a prestaciones o subsidios por maternidad, incapacidad o desempleo, o regular su situación legal en España en el caso de extranjeros u obtener el tercer grado penitenciario.
Las actuaciones policiales han sido llevadas a cabo por la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica (UDEF CENTRAL) de la Comisaría General de la Policía Judicial. EFE
