Una organización criminal dedicada a la explotación sexual ha sido desarticulada en una operación conjunta entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, que ha permitido la liberación de 162 mujeres retenidas en condiciones infrahumanas en diversos prostíbulos ilegales distribuidos por siete provincias españolas.
El operativo se ha saldado con 37 personas detenidas, la mayoría en la Comunidad Valenciana, y con nueve ingresos en prisión provisional.
Las víctimas, en su mayoría mujeres sudamericanas en situación vulnerable, eran captadas tanto en España como en sus países de origen y obligadas a ejercer la prostitución bajo un régimen de control absoluto.
Los inmuebles utilizados como prostíbulos eran adquiridos y adaptados por la red, y se caracterizaban por condiciones de habitabilidad deplorables: camas compartidas, hacinamiento, escasa ventilación y vigilancia constante mediante cámaras.
Las mujeres apenas disponían de dos horas al día para salir y debían entregar el 50% de sus ingresos a la organización, además de pagar multas impuestas arbitrariamente.
La estructura de la red estaba jerarquizada en tres niveles, desde los cabecillas hasta encargadas, conductores y recaudadores.
Durante los 39 registros realizados, los agentes se incautaron de 141.000 euros en efectivo, tres vehículos, y se procedió al bloqueo de más de 60 cuentas bancarias y diversos bienes, en el marco de una investigación patrimonial aún en curso.
Esta operación ha supuesto la desarticulación de una de las mayores redes de trata y explotación sexual detectadas en los últimos años en España.
Las autoridades continúan analizando la documentación intervenida para desentrañar el entramado económico de la organización y asegurar el decomiso judicial de sus activos.