Ex trabajadores de la agencia de comunicación Crespo Gomar admitieron en declaraciones a agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que no habían realizado trabajos para las empresas señaladas en la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc y que no tenían conocimiento de que ninguno de sus compañeros lo hubiera hecho.
Así se recoge en un oficio de la Policía al Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm (Alicante), uno de los cuatro que investiga esa presunta financiación irregular --junto con dos de Madrid y uno de Gandia-- después de que el órgano que inició la investigación viera la existencia indiciaria de financiación irregular y falsedad documental.
El sistema, según apuntaba el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en su auto de inhibición a otras instancias para que siguieran la investigación, sería que la mercantil Crespo Gomar SL "facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007 de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar, siendo precisamente esta empresa la que facturaría a las terceras por servicios no prestados".
En el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Policía informa al juzgado de Benidorm de las gestiones realizadas en este caso, entre ellas, del resultado de las declaraciones testificales tomadas a antiguos empleados de Crespo Gomar.
Los investigadores se centraron, desde el 15 de febrero de 2017, en el rastreo "discreto" de contratos públicos adjudicados a la empresa de comunicación y otras vinculadas, que permitieron localizar siete de ellos que fueron estudiados por la Intervención General del Estado, que concluyó que en todos los procesos de adjudicación se habían incumplido reiteradamente la legislación aplicable en la materia.
Asimismo, tomaron declaración a algunos de los antiguos empleados de Crespo Gomar, que fueron seleccionados en función de su experiencia en la empresa, salarios más elevados y sobre si habían interpuesto alguna demanda a la agencia en el orden social.
Del testimonio de estas personas extrajeron la organización de la empresa, la forma de funcionamiento tras la llegada de un encargo y que las sociedades Hospimar 2007, Metrovacesa, Lubasa, Egevasa y Burguer King no habían sido clientes de la agencia. Es decir, que ninguno de los entrevistados reconoció haber participado en ninguna campaña que tuviera como destinatario esas empresas ni tenía conocimiento de que ninguno de sus compañeros lo hubiera hecho, según constata la Policía.