La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la falsificación de contratos laborales, que ofrecía a ciudadanos extranjeros la posibilidad de regularizar su situación administrativa en España a cambio de unos 2.000 euros.
Estos contratos fraudulentos permitían a los migrantes iniciar los trámites para obtener permisos de residencia e, incluso, solicitar prestaciones públicas.
Según la investigación, las personas migrantes pagaban hasta 2.000 euros para acceder a un contrato falso y cubrir los gastos asociados a la Seguridad Social.
A cambio, recibían la documentación necesaria, emitida por empresas implicadas en la red, con el objetivo de obtener autorizaciones de residencia y trabajo en el país.
En total han sido detenidas once personas que ejecutaban estas tareas con carácter "estable, duradero y de manera coordinada".
Las pesquisas comenzaron en marzo del año pasado, cuando los agentes de la Policía Nacional tuvieron constancia de que una empresa cometía presuntas irregularidades con ciudadanos extranjeros para que adquirieran el permiso de residencia y trabajo en territorio español, ha señalado la Policía en un comunicado.
El proceso comenzaba con la redacción de un precontrato laboral que, junto con la documentación de la empresa, se presentaba a la administración para solicitar el permiso de residencia.
Una vez autorizado, se ejecutaba el contrato y se procedía al alta de los extranjeros en la Seguridad Social, pues es un requisito indispensable para formalizar el permiso.
Una vez obtenida la residencia, ambas partes finalizaban la relación laboral y los migrantes eran dados de baja de la empresa y de la Seguridad Social.
De este modo, la organización no tenía gasto ninguno, pues los solicitantes corrían con los gastos del contrato y el alta como trabajadores.
A medida que la Policía avanzó con las investigaciones se pudo averiguar que el histórico de la empresa recogía el alta de diez personas, todas ellas extranjeras en situación irregular, y que en la actualidad tan solo había una persona dada de alta.
Además, se comprobó que estas personas nunca habían llegado a trabajar en la empresa, constatándose así la "nula relación laboral" entre empresa y trabajadores.
Así las cosas, y por todos estos hechos, la Policía procedió a la detención de once personas -seis hombres y cinco mujeres- como presuntos responsables de un delito de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal, y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial