Miles de vascos y navarros exiliados siguen fuera de Euskadi precisamente por la extorsión y el chantaje de ETA.
El Partido Popular trabaja -como saben- en una reforma de la Ley Electoral que permita evitar semejante desequilibrio.
No es fácil legalmente de articularlo. Pero 200.000 ciudadanos podrían incorporarse al censo. Una vieja reivindicación de las asociaciones de victimas que el gobierno quiere llevar a cabo antes de las próximas elecciones autonómicas vascas: Devolver el voto a los ciudadanos vascos y navarros que abandonaron su tierra por la presión terrorista.
El ejecutivo ultima cómo articular jurídicamente esta propuesta a la que ha otorgado carácter de prioridad.
