El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Orense, Leonardo Alvarez, ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el expresidente del PP ourensano y de la Diputación provincial José Luis Baltar Pumar, por un supuesto delito de prevaricación en relación a un centenar de contratos irregulares para ocupar puestos de trabajo. El auto de incoación recoge la previsión del juez de tomar declaración al propio denunciado y a varios jefes de servicio y personas contratadas.
Fuentes judiciales han explicado a Europa Press que el auto de admisión a trámite de la querella se refiere a 104 contratos y para la instrucción el juez llamará a declarar al denunciado, tanto por la Fiscalía como por la denuncia inicial del PSOE presentada hace tres años, y a un grupo de jefes de servicio y a una decena de las personas contratadas de forma supuestamente irregular.
La querella presentada por la Fiscalía el día 28 de diciembre consta de 900 folios con abundante documentación y testimonios, de los que el juez instructor descarta repetir algunos, que hacen referencia a José Luis Baltar como presunto autor de un delito de prevaricación continuada.
Una vez admitida a trámite la denuncia han conformado su personación los autores de la denuncia inicial, del PSOE, presentada ante la Fiscalía de Orense hace tres años y que ahora dio lugar a la querella que el fiscal jefe Florentino Delgado presentó el día 28 de diciembre y admitida a trámite en la mañana de este lunes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Orense.
FONDO DE LA CUESTION
Los denunciantes, según ha manifestado el portavoz del PSOE en la Diputación provincial, José Ignacio Gómez, ejercerán la "acción popular" personándose para conocer la denuncia y proponer nuevas pruebas y diligencias pues, según explicó, prevén que la querella de Fiscalía no ha entrado "al fondo de la cuestión, que está en la contratación de familiares y personas directamente ligadas al PP, sino que se quedó en la forma irregular de la contratación".
En ese sentido, Gómez explicó que el PSOE tiene toda la documentación que de forma "objetiva" establece esos vínculos, según asegura, y que podrían suponer que la instrucción incluya más tarde otros posibles delitos, como la malversación de fondos públicos, ya denunciada hace tres años y ahora no contemplada por el fiscal, según matiza.
También se personará el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias. Su secretario general, Miguel Bernad Remón, ha manifestado a Europa Press que prevén hacerlo durante esta semana.
En ese sentido, ha señalado que el colectivo tuvo conocimiento de posibles irregularidades cometidas por José Luis Baltar "a través de denuncias anónimas de gente de Galicia". "Pero cuando quisimos ampliar documentación con nombres y apellidos, no lo conseguimos", ha añadido.
Al respecto, ha agregado que ahora ejercerán la "acusación popular", tras la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía, con "total independencia política" y con abogado de Madrid para "evitar presiones y situaciones extrañas". Según ha matizado, no se han sumado antes porque no conocían la denuncia socialista de hace tres años. EL BNG PEDIRA DIMISIONES
Sobre este proceso, el portavoz del BNG en la Diputación de Orense, Leopoldo Rodríguez, ha anunciado que en el pleno del organismo provincial previsto para finales de este mes propondrá para su aprobación la dimisión de los diputados del PP que hoy están en la corporación provincial y antes en la Junta de Gobierno, en la que se dio el visto bueno de los contratos denunciados.
Según expone en un comunicado, el BNG considera que la querella del fiscal jefe de Orense "llega tarde" pues los hechos denunciados "se producen en la Diputación desde hace 20 años".
"La denuncia inicial pone el acento en las contrataciones realizadas por Baltar antes del congreso en el que su hijo asumió la presidencia provincial del PP, pero no va al meollo de la cuestión que es la política de personal ejercida en esta Institución, gestionada como si fuese una finca particular, contratando de forma abusiva e indiscriminada antes de cada proceso electoral, para consolidar el status quo en el que familias enteras, parientes, amigos, agentes electorales fueron consolidando durante años sus puestos de trabajo", recoge el escrito.
Según ha indicado Rodríguez, la Diputación de Orense "adquiere su razón de ser como máquina que destina gran parte del dinero público al servicios del partido a través de una red clientelar de enormes proporciones".
La moción del BNG, según ha comentado su portavoz, se justifica porque hay "una evidente responsabilidad política solidaria, por complicidad" de todos los diputados que formaron el grupo popular y dice ser consciente de la imposibilidad de que dimitan todos los que estuvieron en el grupo de gobierno en el pasado "pero los que estuvieron en el núcleo duro y que hoy siguen en esta corporación, no deberían estar ni un minuto más en sus funciones", concluye.
