El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha defendido este viernes durante su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso "que solo un nuevo modelo de organización permitirá que la Justicia sea más eficiente" y ha invitado a los grupos parlamentarios a abrir un debate que aborde las reformas estructurales pendientes.
Durante su intervención, en la que ha actualizado los datos de la
última memoria del CGPJ, Lesmes ha destacado que durante 201 se resolvieron más asuntos que el año anterior, y que por ello los órganos judiciales están un poco menos congestionados con la excepción del Tribunal Supremo, que experimentó un fuerte incremento en la entrada de asuntos en la Salas de lo Civil y de lo Social. Concretamente, en número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales españoles durante el pasado año fue de 8.376.311, lo que supone una disminución del 3,2 por ciento respecto al año anterior.
Lesmes apuntó que en el mismo periodo se resolvieron un total de 8.555.341 asuntos y al final del año quedaban en trámite 2.411.905, "lo que representa una reducción del 5,9 por ciento respecto a los que estaban en esta situación al inicio del año". Ha destacado que se trata de la cifra más baja desde el año 2007. "Esta tendencia positiva no nos puede hacer olvidar que hay situaciones difícilmente sostenibles en muchos de nuestros juzgados y tribunales", según ha manifestado Lesmes, destacando que "existe una excesiva cargo de trabajo en nuestros órganos judiciales, pero lo más evidente es que esta carga está muy mal repartida, existiendo grandes desequilibrios y una muy mala organización".
En este sentido, ha destacado que cerca de un millar de los casi 4.000 órganos judiciales españoles no alcanzan el indicador medio de carga de trabajo, mientras que otros 1.695 están por encima del 150 por ciento de ese indicador.
COLAPSO EN LO MERCANTIL Y SOCIAL
Entre los segundos figuran el 93 por ciento de los Juzgados de lo Mercantil, el 95 por ciento de los juzgados de primera instancia y el 97 por ciento de los juzgados de lo social. En muchos de estos
últimos, cada juez tiene que despachar más de 1.3000 asuntos al año. Junto a dichas cargas de trabajo, que el propio Lesmes ha reconocido como "inasumibles" y la insuficiencia de medios materiales, el presidente del Consejo se ha referido al "evidente problema estructural" de la justicia española, que carece de un modelo definido de organización territorial a que la planta fue diseñada en el siglo XIX. "Existe un problema de modelo territorial en la gestión de la Administración de Justicia -ha destacado Lesmes-. Los procesos decisorios o están exentos de dificultades y, en ocasiones, observamos yuxtaposición y solapamiento de competencias".
Ha advertido igualmente que el mapa de transferencias a las comunidades autónomas de las competencias en materia de Justicia no se ha completado "y corremos riesgo de padecer una justicia de dos velocidades, según el territorio en el que residamos". Por ello, ha abogado por abrir una gran reflexión sobre la Justicia y diseñar un programa de reforma global que aborde la cuestión desde una doble vertiente: por un lado, la independencia judicial, carrera y estatuto del juez y, por otro, las propuestas de reformas estructurales.
MEDIDAS CONCRETAS
El primer debate abordaría los aspectos de la actividad judicial -ingreso en la carrera, selección, formación, especialización, excelencia, protección social, código ético, responsabilidad, independencia, provisión de destinos, evaluación del desempeño, nombramientos, etcétera- que permitan situar a los jueces españoles en una posición reforzada para afrontar los retos del siglo XXI. El segundo trataría de las reformas estructurales necesarias para la modernización de la Justicia. Pasaría por una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial; la definitiva aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que defina las funciones instructoras del Ministerio Fiscal y por clarificación del modelo territorial de gestión de la Justicia, ultimando el proceso de transferencia de competencias o incluso planteando su "redefinición".
Lesmes también ha enumerado otras medidas que, a corto plazo, servirían para atender las necesidades de carácter más urgente. La primera de ellas es la creación de nuevos órganos judiciales, al menos en aquellos casos en que se haya detectado que el déficit estructural es grave. Requieren también a su juicio una pronta actuación los órganos de la jurisdicción social, que se enfrentan a una situación "crítica", así como los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil -necesitados de más medios tecnológicos y de personal funcionario con conocimientos en tramitación concursal-, y es preciso asegurar la continuación de la modernización tecnológica.
