La juez retoma el caso de los ERE con un jefe de servicio que no declarará

Mercedes Alaya
Mercedes Alaya |Telemadrid

La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, retomará el martes las comparecencias de imputados con un jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo, que se va a acoger a su derecho a no declarar, y que será seguido, los días 17 y 19, por dos ex directores generales de Presupuesto.

Fuentes del caso han informado a Efe de que el imputado Antonio Diz-Lois, exjefe de servicio en la Dirección General de Trabajo, se va a acoger a su derecho a no declarar, al igual que hizo cuando en agosto del 2012 acudió a la comisión parlamentaria de investigación.

Entonces, Diz-Lois se limitó a leer una declaración en la que aseguró que "jamás" había sido "asesor ni intermediario en ninguno de los expedientes de concesión de ayudas que están siendo investigados".

Asimismo, argumentó que no guarda "relación de amistad alguna" con los beneficiados por las ayudas y que fue "un simple jefe de servicio de los cuatro que existían en la dirección general de Trabajo".

El caso de los ERE acumula ya 116 imputados y la juez de instrucción 6 ha establecido un calendario de comparecencias que incluye a los exdirectores generales de Presupuesto Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera los días 17 y 19 de septiembre, el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas el 30 de septiembre y el parlamentario andaluz por el PSOE Ramón Díaz Alcaraz el 9 de octubre.

La juez aún no se ha pronunciado sobre el último escrito de la Fiscalía Anticorrupción que le urgió a establecer un "calendario razonable" de comparecencias para 24 personas, algunas imputadas desde hace más de dos años y medio.

En el caso de Diz-Lois, está imputado desde junio del 2012 pero hay otros acusados como el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet que lo está desde marzo del 2011; las funcionarias de la Junta María Ángeles Gala y Rocío Sayago, imputadas desde junio del 2012; el exdigirente del PSOE Antonio Garrido Santoyo, implicado en marzo del 2011, y el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, cuya imputación data de marzo del 2012.