El fiscal del caso Pujol cree "dudosa la procedencia última" de la fortuna oculta del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia, a juzgar por los movimientos de sus cuentas de Andorra y la "vaga explicación" que han dado sobre su origen.
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Anticorrupción rechaza el recurso en que la defensa de la familia Pujol reclama el archivo de la investigación que la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona abrió sobre su fortuna, a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias.
El fiscal mantiene en su escrito que "existe una sospecha sobre la ilicitud" de los fondos de los Pujol y advierte de que la familia del expresidente catalán debe ser investigada, al menos, por un delito contra la Hacienda Pública, aunque ya los hayan regularizado.
Para el fiscal, Fernando Luzón, el origen de los fondos que Jordi Pujol ha confesado haber mantenido ocultos en el extranjero durante más de 30 años resulta sospechoso, "habida cuenta de que la vaga explicación de la procedencia de una herencia no resulta del todo plausible, al presentar tanto lagunas como contradicciones".
El ministerio público recuerda también que la defensa de la familia Pujol no ha aportado "documentación legal de la herencia", pese a que la juez que investiga el caso les requirió el testamento de Florenci Pujol, padre del expresidente de la Generalitat, en una de las primeras diligencias que ordenó el pasado mes de agosto.
Además, Luzón basa sus sospechas en la información sobre los movimientos de las cuentas de los Pujol en la Banca Privada de Andorra que obra en el sumario, dado que, recalca, registraron ingresos "tanto en dólares como en euros, incluso en yenes", así como diversas aportaciones en efectivo.
Otro de los motivos que el fiscal esgrime para dudar del origen de los fondos de los Pujol es que los importes de las transferencias recibidas en las cuentas que la familia del expresidente catalán abrió en Banca Privada de Andorra en 2010 "no parecen coincidir con los ingresos de las segundas", constituidas en 2012.
Asimismo, destaca el escrito, no se conoce el saldo que se traspasa de las primeras a las segundas cuentas, ni todos los movimientos de las mismas.
Para el fiscal, resulta también sospechoso que los ingresos por trasferencias en las cuentas de Banca Privada de Andorra a nombre de los Pujol -algunas en efectivo- se realizaron en fechas distintas.
Anticorrupción entiende que los Pujol deben ser investigados por un delito contra la Hacienda Pública, dado que las cantidades que han regularizado son superiores a los 120.000 euros que el Código Penal establece como cantidad mínima para que un fraude fiscal sea considerado delito.
Por ese motivo, el fiscal cree necesario determinar el "alcance y la eficacia" de la regularización efectuada el pasado mes de julio por Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia, lo que, a su juicio, exige en primer lugar averiguar que "se haya realizado correctamente".
De todas formas, el ministerio público advierte de que "la regularización, aun correctamente realizada, no implica que queden vedadas las posibilidades de investigación de la ilicitud de los fondos con que se satisface la deuda tributaria y, mucho menos, que se produzca una legalización automática de los mismos".
El escrito subraya que tanto Jordi Pujol Soley como su esposa y sus hijos tienen la condición de "personas expuestas políticamente (PEP), para los que la banca debe observar unos deberes de vigilancia reforzados".
"Esta especial atención de los organismos e instituciones implicadas en las prevención del blanqueo de capitales respecto de quienes han asumido importantes responsabilidades públicas debe también predicarse de los órganos judiciales", prosigue Luzón, que llama a no permanecer "inactivos a la vista de un patrimonio que no puede corresponderse con las fuentes lícitas de renta conocidas de estas personas".
"Desde ese punto de vista resulta igualmente muy sencillo para los querellados aclarar el origen de los fondos cuya licitud se discute", agrega el fiscal.
El escrito del fiscal da respuesta al recurso de los abogados de la familia Pujol, Cristóbal Martell y Albert Carillo, que mantienen que la denuncia presentada por Manos Limpias lanza una "abstracta, genérica y gratuita suposición o conjetura" y propone "un escrutinio general, una investigación prospectiva que nuestro Tribunal Constitucional deplora".
En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, los letrados sostienen que en su carta de confesión el expresidente catalán se limitó a comunicar "unos fondos dinerarios aflorados voluntariamente por sus titulares mediante regularización", de acuerdo con los cauces legalmente previstos. "Ese es el hecho y nada más allá", remacha el escrito.
PUJOL DENUNCIA SUFRIR UNA "INQUISICIÓN GENERAL", SEGÚN SU DEFENSA
La defensa de Jordi Pujol Soley y su esposa, Marta Ferrusola, ha calificado la denuncia de Manos Limpias como un "ramillete totalmente impreciso y variado de tipicidades", aderezado con "rumorología" y con abstractas y gratuitas "conjeturas", que tienen como objetivo abrir una suerte de "causa general o 'inquisitio generalis'" contra ellos, algo que el Tribunal Constitucional "deplora".
Los abogados del matrimonio, Cristóbal Martell y Alberto Carrillo, se expresan así en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicitan el archivo de las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona puesto que el relato de Manos Limpias es "inidóneo" para sustentarlas. A su juicio, la denuncia de Manos Limpias esboza "brochazos" y presenta un "deslavazado conjunto" de hechos heterogéneos, acusando a los Pujol de cobrar comisiones a cambio de contratos de la Generalitat y atribuyendo sus fondos residenciados en el extranjero a un "ejercicio torcido y enriquecedor de la función pública".
Pues bien, añade que ese "juicio de valor" está "huérfano" de la más mínima concreción y critica que Manos Limpias pretenda dirigir una "suerte de causa general o 'inquisitio generalis' incompatible con los dictados del Estado de Derecho". "El querellante propone un escrutinio general, una investigación prospectiva en términos que nuestro Tribunal Constitucional deplora", remacha.
Por todo ello, los abogados de la defensa critican que el juzgado haya asumido "íntegramente" la argumentación de la acusación en un caso de "trascendencia social y mediática" pese a no haber ninguna 'notitia criminis' y tan solo una denuncia aderezada con "rumorología de conocimiento general, público y notorio".
Por otra parte, la defensa también ha recurrido los autos por los que el juzgado remitió comisiones rogatorias a Andorra y Suiza para investigar sus cuentas bancarias e instrumentos financieros ya que los delitos invocados habrían prescrito según los cómputos anteriores a la reforma de 2010 y además esas comisiones aluden a "unos inexistentes e ignotos" hechos.
