El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y los fiscales jefes de Cataluña se han mostrado convencidos, en relación con la consulta soberanista catalana, en que "todas las instancias" respetarán la legalidad de acuerdo a la Constitución y a posibles decisiones judiciales.
Tras una reunión de aproximadamente una hora en la sede de la Fiscalía General en Madrid y, según un comunicado de este órgano, "respecto a la actualidad catalana los asistentes han coincidido en su convencimiento de que el ordenamiento legal será respetado por todas las instancias tanto en relación con los preceptos legales emanados por la Constitución como con los eventuales pronunciamientos de los tribunales".
En el encuentro han participado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y los fiscales jefes de Barcelona, Ana María Magaldi Paternostro; de Girona, José María Casadevall Barneda; de Lleida, Juan Francisco Bone Pina, y de Tarragona, Javier Jou Mirabent.
También han asistido los fiscales jefes de la Inspección y de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Alfonso Aya y Jaime Moreno, respectivamente.
En la reunión se ha examinado la actualidad catalana y han mantenido un despacho ordinario de las cuestiones pendientes relativas a la organización de las respectivas fiscalías.
Han analizado asuntos que ya fueron objeto de estudio con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en la reunión de trabajo que celebró con los vocales del Consejo Fiscal el pasado mes de julio en la sede del Ejecutivo autonómico.
EN VÍPERAS DE LA PREVISIBLE APROBACIÓN POR EL PARLAMENT DE LA CONSULTA SOBERANISTA
La reunión ha tenido lugar en la víspera de que el Parlament de Cataluña apruebe la ley con la que Artur Mas tiene previsto convocar la consulta soberanista del 9 de noviembre, que el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Al término del encuentro, ninguno de los participantes ha querido hacer declaraciones a los numerosos periodistas que aguardaban en la puerta de la sede de la Fiscalía General.
En relación con este asunto, Eduardo Torres-Dulce dijo ayer en Bilbao que en esta reunión pretendía escuchar a los fiscales catalanes, avanzar en "la aplicación uniforme de la Ley" y llevar a cabo una "puesta al día de los asuntos de Cataluña, no solo de la consulta".
Al ser preguntado sobre la posibilidad de que se mantenga la convocatoria de la consulta soberanista en Cataluña en contra de una decisión judicial, Torres-Dulce se mostró partidario de "esperar a ver qué conductas pudieran concurrir en delito, y si sucede eso, actuar".
A su juicio, en caso de mantenerse la consulta contra el criterio constitucional, anticipar una respuesta sobre en qué presuntos delitos podría incurrir el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sería entrar en el terreno de la "ciencia-ficción", y se mostró "absolutamente seguro" de que esa situación "no se va a producir".
En la reunión de hoy se ha repasado también la organización y las necesidades materiales y de personal auxiliar, así como los programas informáticos y la compatibilidad de los medios tecnológicos que permitan trabajar en red a los miembros del Ministerio Público.
También se ha analizado el estado de los acuerdos adoptados en la comisión mixta Ministerio Fiscal-Generalitat.
CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO PARA APROBAR EL RECURSO AL CONSTITUCIONAL
Mientras, el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, prevé convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para recurrir ante el Tribunal Constitucional la consulta que pretende celebrar en Cataluña Artur Mas, una vez que el presidente de la Generalitat firme el correspondiente decreto.
El Parlamento de Cataluña tiene previsto celebrar a partir de las cuatro y media de la tarde de mañana viernes la sesión en la que se aprobará la ley de consultas con la que Mas pretende amparar su decisión de llamar a las urnas a los catalanes el día 9 de noviembre.
La aprobación de esta ley está asegurada ya que cuentan con mayoría los grupos parlamentarios favorables a la misma.
Una vez aprobada, será cuando el presidente de la Generalitat podrá firmar el decreto de convocatoria para que sea publicado en el Diario Oficial de Cataluña.
Esta firma es la que condiciona el momento en que Rajoy decidirá cuando va a celebrarse una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar la presentación de dos recursos: uno contra la ley de consultas y otro contra el decreto de Mas.
"No hay que avanzar acontecimientos", han señalado a Efe fuentes del Ejecutivo que han reconocido, no obstante, que "hay mucho trabajo hecho ya" ante la presentación de esos dos recursos.
Si Mas decidiera firmar el decreto de convocatoria este mismo viernes, una vez aprobada la ley de consultas, el Gobierno prevé celebrar durante el fin de semana el Consejo de Ministros extraordinario, aprobar los dos recursos y presentarlos el lunes ante el Tribunal Constitucional (TC).
En caso de que el presidente de la Generalitat esperara al lunes, día 22, el Consejo podría convocarse esa misma jornada porque la respuesta, según se asegura desde el Gobierno, "será inmediata en cualquier caso".
Por ello y aunque no prevé que Mas dilate tanto su rúbrica, también se tiene en cuenta la opción de que espere a hacerlo a que Rajoy haya iniciado la próxima semana un viaje oficial a China.
Eso no alteraría los planes del Gobierno porque el Consejo se celebraría de igual modo presidido por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Pero el Ejecutivo tampoco descarta que, en caso de que la firma de Mas no sea inmediata, pueda aprobar un primer recurso exclusivamente contra la ley de consultas, que, en caso de ser admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, impediría que Mas se amparara en esa norma para citar a los catalanes el 9N.
Las diversas posibilidades existentes serán comentadas en la reunión ordinaria que celebrará este viernes el Consejo de Ministros.
Además, el Ejecutivo recalca que la atención que requiere este asunto no le distrae de seguir con su agenda prevista y subraya que, de hecho, mañana el eje del Consejo sea la aprobación de nuevas reformas en el ámbito de la administración anunciadas hoy mismo por Rajoy.
Asimismo, el presidente del Gobierno tiene previsto el sábado un viaje a Santander para asistir a las regatas del Mundial de Vela de clases olímpicas 2014.
Una vez que el Gobierno decida recurrir, pedirá un informe al Consejo de Estado y ordenará el trámite correspondiente a la Abogacía del Estado, que deberá presentar los recursos en el Registro del Tribunal Constitucional, cuyo horario es de 9:30 a 15 horas de lunes a viernes.
Otra fórmula válida es la de la presentación de los escritos en el juzgado de guardia de Madrid, que a su vez debería trasladarlo al Constitucional, pero este suele ser un método sólo usado cuando se acaba el plazo de interposición de recurso, lo que no ocurre en este caso.
EL CONSTITUCIONAL CELEBRA PLENO LA PRÓXIMA SEMANA
El Tribunal Constitucional tiene previsto celebrar la próxima semana un pleno que comenzará el martes, día en el que una de sus primeras decisiones, según han informado a Efe fuentes del tribunal, sería la suspensión de la consulta.
Esa suspensión y la del decreto de convocatoria del 9N serán efectivas cuando el Tribunal Constitucional acuerde la admisión a trámite de los recursos, lo que tiene que decidirse en una reunión de los doce magistrados del tribunal de garantías constitucionales.
La suspensión es automática, sin necesidad de justificación, cuando es el Gobierno el que presenta los recursos de inconstitucionalidad y la solicita de forma expresa.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de garantías deba decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, levantarla.
Por tanto, aunque la suspensión es cautelar y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, podría extenderse hasta que el TC resuelva sobre el fondo del recurso, es decir, la legalidad de ambas iniciativas.
En sendas providencias, al tratarse de dos recursos, el pleno del Constitucional dará traslado de su decisión a la Generalitat y el Parlament de Cataluña para que en el plazo de quince días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas.
Conforme a la legislación, también dará traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso y al Senado.
En aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la resolución indicará que para las partes del proceso se suspende la aplicación del precepto impugnado desde la misma fecha en la que se interpuso el recurso del Gobierno.
La providencia añadirá que "para los terceros", la suspensión será efectiva desde el día en que la suspensión aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
