El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez que ponga "límites" a la Policía a la hora de recabar información de varias cuentas bancarias, al advertir de que acceder al "universo" de todas sus operaciones económicas puede derivar en una investigación prospectiva con vulneración de derechos.
Por ello, en un nuevo recurso al que ha tenido acceso EFE este lunes, la defensa del exlíder socialista pide al juez que acote la información que debe recabar la Unidad Central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF), sin perjuicio de que los investigadores puedan solicitar al magistrado cuantas ampliaciones consideren necesarias.
Zapatero, que recurre el auto en el que el juez pedía información de cuentas bancarias del expresidente, sus hijas, su secretaria y el empresario Julio Martínez Martínez, combate específicamente la parte en la que el magistrado autorizaba a la UDEF a "ampliar la información que se considere pertinente sobre los referidos productos".
Una autorización que busca suprimir para que esa "información adicional que pueda recabar la UDEF se obtenga con previa autorización judicial" con el objetivo de comprobar "si se han canalizado pagos" hacia Zapatero de Martínez o de empresas relacionadas con él.
También cuestiona el expresidente del Gobierno que el juez pida "comunicaciones internas" del banco con el cliente, así como el periodo temporal que pide analizar (desde 2020 hasta la actualidad), yendo "más allá del período de investigación". Entiende la defensa de Zapatero que "los hechos que la UDEF pretende cotejar" son "movimientos bancarios que se extenderían como máximo hasta diciembre de 2025 en algunos casos (...), por lo que no se comprende la proporcionalidad ni la utilidad de obtener información más allá de esta fecha".
"El resultado de la diligencia obtenida es una fotografía financiera completa de seis años y medio de la vida de seis personas físicas –entre ellas las dos hijas de mi representado, su secretaria y una tercera persona ajena al procedimiento– y de trece mercantiles", abunda el recurso.
El expresidente del Gobierno está investigado por liderar, presuntamente, una trama de influencias en favor de Plus Ultra en el marco del préstamo de 53 millones de euros que el Estado concedió a la aerolínea en 2021.