La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha presentado dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos que establecen el estado de alarma y "la militarización" de los servicios civiles de tránsito aéreo. Los controladores dicen que "hay una cuota de corresponsabilidad del Gobierno, de la que nadie habla".
En un comunicado, USCA señaló que sus asesores jurídicos tienen "serias dudas" acerca del procedimiento que ha seguido el Gobierno para dictar estos decretos, así como sobre los fundamentos legales de dichas normas.
Asimismo, ante la situación de militarización que se ha decretado a los controladores, que según USCA "impide toda actuación de tipo sindical", el sindicato ha pedido al Supremo que certifique que la decisión de interponer ambos recursos se ha tomado efectivamente, y anunció que la trasladará a "la autoridad militar competente".
UNA PROVOCACIÓN
Los controladores aseguraron este jueves que en el cierre del espacio aéreo "hay una cuota de corresponsabilidad del Gobierno de la que nadie habla" y consideraron que la publicación del decreto para la militarización de los servicios de tránsito aéreo civiles en el día previo al inicio del Puente de la Constitución "hay un componente de provocación".
"Creemos, lamentándolo mucho por los efectos que se ha provocado, que la fecha elegida por el Gobierno para resolver este problema del que veníamos avisado hace meses no es la más adecuada, ya que en otro fin de semana el impacto hubiese sido muchísimo menor", afirmó el portavoz de USCA, Daniel Zamit, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.
Zamit denunció que "ha llovido sobre mojado" y que el colectivo "ha sido decretado" por el Gobierno en los días previos a Semana Santa, además del 31 de julio y el día previo al puente de la Constitución, con "un componente de provocación en el que los controladores han caído caído por un desquiciamiento general".
Para USCA, existe una cuota de corresponsabilidad del Gobierno que ha conseguido que no se hable del contenido de la reforma del marco laboral del colectivo, ni de la rotura de la red aeroportuaria nacional con la privatización de la gestión de los dos aeropuertos más rentables como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
Zamit insistió en que el colectivo está "absolutamente desquiciado", después de "diez meses de acoso permanente por parte de la empresa a base de reales decretos, leyes y alguna orden ministerial". "Cuando la gente fue consciente del real decreto que se dictó en el Consejo de Ministro se puso nerviosa (...) al ver que con el cambio del cómputo de horas debía devolver semanas de permiso o días por paternidad. En mi caso, tendré que devolver los 13 días en julio que te tenido por ser padre, situación en la que no está otro colectivo", afirmó.
Zamit insistió en que la disposición de los controladores con la empresa es de "365 días al año" porque AENA puede nombrar un servicio "cuando a la empresa le parezca oportuno".
Tras reiterar las disculpas a todos los afectados, cosa dijo que AENA "todavía no ha hecho", Zamit negó que el colectivo abandonara su puesto de trabajo sino que "los controladores fueron apartados de frecuencia porque a juicio de los responsables de AENA y de los jefes y encargados de cada dependencia el estado de estampida que se produjo aconsejaba que no estuvieran controlando aviones, ya que para ello hay que estar en plenitud de condiciones".
Finalmente, opinó que la única manera de dar "estabilidad" al servicio es que AENA "se ponga a negociar un convenio colectivo, cosa que viene negándose a hacer desde el pasado 5 de febrero". "Prefieren que esto se siga regulándose a golpe de real decreto y por ello la gente ha estallado de manera impensable y con unos efectos desastrosos", concluyó.
