El Tribunal Supremo ha dictado la apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por autorizar la práctica de escuchas en prisión a los imputados por la trama Gürtel. El magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, considera que Garzón tenía la finalidad de "obtener información de relevancia para el proceso, que no tenía seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos", y por ello "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" que mantenían los internos con sus abogados en los locutorios de prisión.
Jorge Barreiro agrega que la pretensión del juez era "obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación", dada la confianza de los acusados de la Gürtel "en la confidencialidad de las comunicaciones con su letrado".
El auto especifica que el juez de la Audiencia Nacional podría haber incurrido en la comisión de un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. No obstante, "ambos delitos concurren" por lo que prevalecería como tipo penal aplicable el de prevaricación.
CAUSA DE GRAN TRASCENDENCIA MEDIATICA
El juez instructor del alto tribunal incide en que la trama Gürtel, liderada por el empresario Francisco Correa, tiene "gran trascendencia mediática" y que el acceso de Garzón a estos "datos confidenciales" extraídos de las conversaciones le proporcionaban un "dominio completo de la evolución de la causa".
Jorge Barreiro analiza los autos dictados por Garzón para autorizar las escuchas en prisión e indica que debido a que el juez "era consciente" de que su decisión tenía "una capital incidencia en el derecho a la defensa de los imputados de la Gürtel introdujo "a modo de coletilla" una especial mención en sus resoluciones a la salvaguarda de este derecho.
El auto del alto tribunal añade que los abogados "escuchados" no tenían "enlace alguno" con la organización liderada por Correa y al juez de la Audiencia Nacional "le resultó indiferente" que sus conversaciones con sus clientes "no tuvieran otro contenido" que su estrategia de defensa.
Por otra parte, Jorge Barreiro rechaza la petición de la defensa de Garzón para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le remitiera el auto por el que la Sala de lo Civil y lo Penal ordenaba continuar la tramitación de la causa contra dos abogados imputados por su relación con la trama.
En un segundo auto, el juez instructor señala que la intención de Garzón es volver al "punto de partida" de la instrucción cinco meses después de que en el auto de transformación en procedimiento abreviado se estableciera que las grabaciones en el centro penitenciario "no eran un medio de prueba idóneo para exculpar" si no más bien "un instrumento eficaz" para acentuar la conducta presuntamente delictiva del magistrado de la Audiencia Nacional.
SEGUNDA CAUSA QUE SENTARÁ A GARZÓN EN EL BANQUILLO
Los hechos fueron denunciados en una querella presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el "caso Gürtel" al empresario José Luis Ulibarri, aunque posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo, ambos aún en prisión.
Peláez solicita para Garzón 10 años de inhabilitación, mientras que la defensa de Correa pide que sea inhabilitado 17 años y la Fiscalía reclama la absolución.
Con esta son ya dos las causas por las que Garzón se sentará en el banquillo de acusados de las tres que tiene abiertas en el Supremo, ya que el pasado 12 de mayo el magistrado del TS Luciano Varela acordó juzgarle por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, cuya fecha aún no ha sido fijada por el Alto Tribunal.
RELEGADO, POR SUS PROCESOS, COMO CANDIDATO AL COMITE PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Asismismo, el juez Baltasar Garzón, propuesto en una terna como candidato para ser el miembro español en el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), ha sido relegado a la tercera posición debido a sus procesos judiciales en marcha.
A propuesta de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Garzón ocupaba el primer puesto de la terna, seguido de la profesora de Derecho Penal, Miriam Cugat, y el catedrático y secretario general de la Universidad Carlos III, Carlos Fernández Liesa.
Pero los miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea siguieron las indicaciones del presidente del CPT, Mauro Palma, de relegar a Garzón al tercer lugar de la terna, aunque éste reconoció que "un magistrado no debe ser enjuiciado por interpretar la ley".
El presidente de la delegación española en la Asamblea, el diputado socialista Juan Moscoso, defendió, sin embargo, ante la subcomisión que la terna la encabezara Garzón por su experiencia en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos.
Estos tres candidatos, en su nuevo orden, deberán ser ahora ratificados por la Mesa de la Asamblea, y posteriormente elegirá a uno de ellos el Comité de Ministros, órgano ejecutivo del Consejo de Europa, compuesto por los ministros de Exteriores o representantes de sus 47 Estados miembros.
El puesto del miembro español en el CPT está vacante desde noviembre de 2009, cuando finalizó su mandato Emilio Ginés, que actualmente forma parte del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura.
