El secretario general del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, deberá declarar en la llamada operación Pulpo como presunto autor de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y otro continuado de malversación de caudales públicos.
La declaración tendrá lugar el próximo día 11 de mayo, a las 10.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Las actuaciones de esta causa se iniciaron el 11 de junio de 2013 y se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del programa KM0 que denunciaron unas trabajadoras, que igualmente interpusieron denuncia por acoso contra el jefe del servicio de Protocolo.
Se investigan también presuntas adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinados grupos empresariales, entre ellos Monbus, así como la concesión supuestamente fraudulenta de subvenciones. Otro de los puntos objeto de investigación judicial es el pago por parte de la Diputación, con inclusión en los denominados "gastos sociales", de cantidades de cuantioso importe, tanto de ayudas médicas como de viajes y comidas.
DENUNCIA INDEFENSIÓN
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha lamentado "una vez más la inadmisible indefensión" a la que, a su juicio, se ve sometido ante la citación como investigado en el marco de la Operación Pulpo, al tiempo que ha asegurado que "no puede dar ningún tipo de explicación" porque no conoce qué motiva la decisión de la jueza Pilar de Lara.
"Acabo de enterarme de una nueva citación por parte de la jueza Pilar de Lara para declarar como investigado", arranca el comunicado que el dirigente socialista ha remitido a los medios, en el que subraya que la citación, "derivada de unas diligencias iniciadas hace tres años por causas ajenas" a su persona, fue emitida por la magistrada este mismo viernes.
A renglón seguido, Besteiro señala que, "lamentablemente, por lo de ahora", no puede dar "ningún tipo de explicación ni aportar información sobre este tema, ya que "está bajo secreto de sumario" -éste ha sido levantado parcialmente-. "Y no tengo acceso a los motivos por los que la misma jueza me vuelve a llamar como investigado en esta ocasión", ha apostillado.
"Cuando disponga de algún dato más estaré, como siempre, a disposición de la ciudadanía y de los medios de comunicación para aclarar todo lo que sea oportuno, como ya hice en su día en una rueda de prensa sin precedentes en nuestro país. Lamento una vez más la inadmisible indefensión a la que estoy expuesto", ha aseverado.
FERRAZ SE CIÑE AL CÓDIGO ÉTICO DEL PSOE, QUE PIDE DIMISIÓN CON LA APERTURA DE JUICIO ORAL
La dirección del PSOE se ampara en el Código Ético interno del partido ante las nuevas imputaciones del secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ya investigado por otros cuatro presuntos delitos en su etapa como concejal de Lugo.
Fuentes de Ferraz consultadas por Servimedia se ciñen a la aplicación de esta norma interna que, en su artículo 5.3, señala que "toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE , en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal".
Acto seguido, establece que esta comisión "trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, ante la Comisión de Garantías de Igualdad a fin de que, si es preciso, estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad".
Esta noticia de la nueva imputación de Besteiro se ha conocido el día después de que Pedro Sánchez visite A Coruña con el líder gallego y lo ratifique como candidato socialista a la Xunta de Galicia en las elecciones próximas.
DIPUTACION DE LUGO
La Diputación de Lugo también ha difundido un comunicado en el que asegura que tuvo conocimiento este mediodía de que el Juzgado de Instrucción Número 1 emitió notificaciones, dirigidas a varios funcionarios y extrabajadores de esta institución, así como a su anterior presidente.
Según precisa, se corresponden, "exactamente, a las mismas diligencias que se iniciaron hace tres años, en el 2013, por un presunto caso de acoso laboral entre dos trabajadores de esta administración, tal y como publicaron los medios de comunicación por aquel entonces".
Al respecto, la Diputación defiende que "actuó siempre conforme a la legalidad, ajustándose a los procedimientos y expedientes, y superando todas las auditorías externas", así como los controles de los órganos fiscalizadores de cuentas, del Ministerio de Administraciones Públicas y del Poder Judicial.
Por último, ha manifestado su "plena confianza" en la labor llevada a cabo por el anterior gobierno provincial, y en el realizado por los trabajadores de la Administración.
