El PP va a registrar una proposición no de ley en el Congreso en la que exige al Gobierno la adopción con urgencia de medidas extraordinarias y transitorias que eviten que los ayuntamientos españoles entre en una situación de "colapso financiero", lo que les obligaría a dejar de prestar servicios básicos a los ciudadanos.
Los 'populares' han anunciado la presentación de esta iniciativa tras una reunión que la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario de Política Local del partido, Juan Manuel Moreno, han mantenido con un grupo de alcaldes de capitales de provincia liderados por la regidora valenciana, Rita Barberá.
Entre los alcaldes se pudo ver a Iñigo de la Serna (Santander), Miguel Angel García Nieto (Avila), Rosa Romero (Ciudad Real), Francisco Javier Pulido (Cuenca), Antonio Román (Guadalajara) y Sonia Castedo (Alicante). También ha acudido Fernando Martínez Maillo, portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias y presidente de la Diputación de Zamora, así como el portavoz del PP en el Comisión de Política Territorial, Rafael Merino, y el secretario de Política Autonómica y del partido, Juan José Matarí.
La proposición no de ley que el PP someterá a debate en sesión plenaria insta al Gobierno a tomar medidas, a más tardar en un mes, para 'salvar' a los ayuntamientos. Entre otras cosas, demandan que se abra de forma "real y efectiva" una línea de crédito ICO en favor de los entes locales para que puedan hacer frente a las obligaciones que tienen contraídas y que se aplacen las devoluciones al Estado hasta la entrada en vigor de un nuevo modelo de financiación correspondientes a las liquidaciones de la participación en los ingresos del estatales. NO DEVOLVER ANTICIPOS AL ESTADO
Barberá, que actuó como portavoz de los primeros ediles, es partidaria de que estas cantidades ya no se devuelvan porque, según ha argumentado, los ayuntamientos no han hecho nada "mal" y pierden ingresos "año a año" porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no deja de "engañarles" y de "hinchar" los Presupuestos.
Precisamente, la alcaldesa de Valencia ha pedido a Sáenz de Santamaría que el Grupo Popular lleve al Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado para 2011 porque, desde su punto de vista, estos vulneran el principio de igualdad.
El secretario de Política Local del partido, Juan Manuel Moreno, ha confirmado que el partido está "estudiando" esta posibilidad y se ha mostrado convencido de que "hay garantías" para impugnar las cuentas públicas denunciando que los ciudadanos no tienen los mismos derechos en todos los municipios.
El PP viene recurriendo ante el TC, por distintos motivos, buena parte de los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien el Alto Tribunal aún no resuelto ninguno.
En este caso, el PP defiende que se corrija el mecanismo de participación de los ayuntamientos en los ingresos generales del Estado y se fomente la lealtad institucional, impidiendo el incremento de las deudas tributarias que obras administraciones mantienen con los consistorios.
Barberá ha insistido en que no se trata de que los entes locales sean "unos tragaldabas o unos manirrotos", sino que "están soportando toda la carga de la crisis" y prestan servicios que corresponden a las comunidades autónomas, lo que les hace perder un 30 por ciento de sus recursos propios. En este punto, ha recordado que los ayuntamientos sólo generan poco más del 6 por ciento de la deuda, mientras que el 76 por ciento corresponde a la administración central.
ENDEUDAMIENTO EXCEPCIONAL EN 2011
Además, entre las propuestas transitorias que pone sobre la mesa el primer partido de la oposición, reclama que se flexibilice la capacidad de endeudamiento de los entes locales para que durante este año de forma excepcional puedan financiar inversiones y gastos corrientes. No obstante, como filosofía general, aboga por la "austeridad" y pide una ley de estabilidad que prohíba "el gasto público excesivo" poniendo un tope máximo para todas las administraciones.
También plantea la puesta en marcha de medidas estructurales para mejorar el sistema de financiación municipal: una revisión del sistema tributario de los entes locales que permita, entre otras cosas, una mejor articulación de la capacidad de las tasas para cubrir la prestación de servicios, y el establecimiento de un marco de tratamiento competencial y financiero, que garantice la igualdad de acceso a los servicios públicos y que tenga en cuenta la diversa tipología de municipios.
