PP, Vox y Junts tumban la ley de Sumar para crear una Oficina Anticorrupción

  • Lo que supone una nueva derrota para el Gobierno
  • Este martes en el Pleno del Congreso
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras |EUROPA PRESS

El PP, Vox y Junts han unido de nuevo sus votos este martes en el Pleno del Congreso para propinar una nueva derrota al Gobierno de coalición al tumbar la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Sumar para la creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción.

Se trata de un nuevo revés para el Ejecutivo que comparten el PSOE y Sumar tras el que sufrieron la semana pasada cuando también PP, Vox y Junts frenaron la tramitación de la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas impulsada por el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz.

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El texto ha recibido el apoyo de todos los socios de investidura, salvo Junts, que ha votado en contra, mientras que el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, se ha abstenido.

Lo que proponía Sumar era crear un nuevo organismo de derecho público con personalidad jurídica propia, independencia orgánica y funcional y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

El nuevo organismo tendría como objetivo prevenir, detectar, investigar y erradicar la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier aprovechamiento irregular derivado de conductas que impliquen conflicto de intereses o utilización indebida de información pública en beneficio privado.

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Además, la Oficina debería fomentar valores y principios de integridad pública, impulsar una cultura de buenas prácticas y promover el buen gobierno en la ciudadanía, así como atajar la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y actuaciones administrativas.

La proposición de ley incluía un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, un sistema de prescripción de sanciones y la creación de un Registro Central de Infracciones, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública-