Los Mossos d'Esquadra han empezado a detener a los presuntos autores de los actos de acoso a diputados del Parlament del pasado 15 de junio, a los que entregan un acta de citación para que acudan a declarar como imputados ante la Audiencia Nacional, que investiga el caso. Según ha informado la policía autonómica, las detenciones se están produciendo por orden de la Audiencia Nacional, que investiga los citados actos de acoso al Parlament por si pudieran constituir un delito contra altos organismos de la nación.
Los detenidos son trasladados a una comisaría, donde se les toma declaración y se les entrega la citación para que comparezcan como imputados en la Audiencia Nacional, tras lo que quedan en libertad con la obligación de comparecer ante el juez Eloy Velasco, que investiga el asedio a la Cámara catalana, según la policía.
Los Mossos d'Esquadra, que investigaron los hechos de acoso al Parlament de forma coordinada con la Fiscalía de Cataluña, enviaron un informe a la Audiencia Nacional en el que identificaban a 22 personas presuntamente implicadas en los insultos y zarandeos a diputados que pretendían acceder a la Cámara catalana para el debate de los presupuestos autonómicos.
Los hechos ocurrieron en el marco de una protesta convocada por el movimiento de "indignados", en la que participaron cerca de 3.000 personas, para boicotear el debate de presupuestos autonómicos, que abría la puerta a los recortes.
Fuentes judiciales han explicado que una de las primeras detenciones ha tenido lugar hacia las 08.00 de esta mañana en el barrio de Gracia de Barcelona, donde ha sido arrestado un cámara de una televisión local vinculada a movimientos sociales de Barcelona. Según las mismas fuentes, el detenido ha sido abordado por agentes de paisano cuando se dirigía a su lugar de trabajo y, posteriormente, trasladado en un coche policial a la comisaría para su identificación.
En declaraciones a Efe, abogados del colectivo de "indignados" han criticado la operación policial, que califican de mediática, por considerar que las detenciones son injustificadas, ya que habría suficiente con enviar la citación judicial a los imputados por los procedimientos ordinarios, como es habitual.
SE LES ATRIBUYE UN DELITO CONTRA LOS ALTOS ORGANISMOS DE LA NACIÓN
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado a 22 personas por los incidentes que se produjeron el pasado 15 de junio frente al Parlamento de Cataluña. El magistrado imputa a todos ellos un delito contra Altos Organismos de la Nación, castigado con penas de entre tres y cinco años de cárcel, por los "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica" que se produjeron al objeto de "impedir la asistencia a sus sesiones y a entorpecer su labor".
Las imputaciones se han producido después de que el juez Velasco solicitara a la policía autónoma catalana que identificara a las personas que participaron en estos hechos y que le enviaran las imágenes que fueron grabadas en las inmediaciones del Parlamento catalán.
El juez instructor, que abrió esta investigación a petición de la Fiscalía, rechazó investigar los "incidentes contra el orden público", "atentados" y actos de "resistencia o desobediencia" que se produjeron el 15 de junio y que se persiguen en los Juzgados de Barcelona.
A pesar de que la fiscal Teresa Sandoval solicitó que se impusiera a Manos Limpias una fianza de 50.000 euros para poder personarse en esta causa en un escrito en el que le acusaba de pretender establecer "una inquisición general" contra todas las actividades del 15-M, el juez acordó rebajar esa petición a 3.000 euros, dado "el interés ciudadano" que, a su juicio, tenía "la persecución de delitos que afectan a sus instituciones esenciales, cual es el caso del Parlament de Cataluña".
De igual forma, destacó la necesidad de "permitir el legítimo ejercicio de la acusación popular, compatibilizándolo con la intención legal de resarcir en su caso los hipotéticos daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso inadecuado de esta institución procesal".
La Fiscalía, sin embargo, apuntó en su escrito que las actuaciones de Manos Limpias eran "difícilmente compatibles con el legítimo interés de que se imparta justicia", al pedir que se investigaran en un mismo procedimiento otros incidentes que se produjeron en Madrid, Valencia, Getafe o Alcalá de Henares.
A su juicio, la pretensión de los querellantes "quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución, y particularmente proscrita por la doctrina constitucional".
