La Policía Nacional está desarrollando desde primeras horas de esta mañana una operación para desalojar a los inmigrantes que están asentados en los alrededores de la planta desaladora de la ciudad, por el riesgo que supone para esta instalación.
Según han informado a EFE fuentes policiales, en el operativo intervienen más de 300 efectivos con la intención de levantar los asentamientos que se han construido en el entorno de esta infraestructura, situada junto a la playa del Trampolín.
Los inmigrantes serán llevados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, situada en la misma zona pero alejada de la planta desalinizadora.
El operativo policial se está centrando en la zona de confluencia de la instalación de la desalinizadora con el arroyo que limita la playa de Benítez en su zona este, donde hay asentados cientos de migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio.
Los agentes están procediendo a levantar los asentamientos que se encuentran en la zona hasta el espigón que limita la instalación con el mar, así como los que se han creado en los espacios entre los bloques de hormigón del mismo.
Doble finalidad
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, la acción tiene una doble finalidad y la primera es responder a la demanda de "garantizar la seguridad en un potencial acceso a la citada instalación y a la desalinizadora en su zona norte", al ser considerada una instalación estratégica para el abastecimiento de agua a la ciudad.
Por el otro, la operación pretende evitar la "situación de riesgo" para la integridad física de los propios migrantes que se encuentran ubicados en los espacios que hay entre los bloques y en la zona del propio espigón, donde cualquier caída puede generar lesiones graves en los mismos e incluso riesgo para sus propias vidas.
Esta circunstancia se puede agravar con la llegada de temporales con lluvia que incremente la humedad y haga intransitable la zona.
Asimismo, la operación se produce también tras el requerimiento emitido por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, el pasado 11 de septiembre, a la Delegación de Gobierno en el que argumentaba cuestiones de seguridad y riesgo grave para la instalación, solicitando el levantamiento de los asentamientos.