Sin concurso y con premura. Así repartió el gobierno socialista de José Antonio Griñán 56 millones de euros a sindicatos, asociaciones profesionales, patronales y empresas privadas de Andalucía dos días después de perder las elecciones de 2012 frente al PP.
Estaba en funciones y todavía no sabía si iban a seguir gobernando, como finalmente ocurrió gracias al pacto con IU, pero el servicio andaluz de empleo continuó repartiendo dinero proveniente de la UE y de la administración central destinado a la organización de cursos para la formación.
Según publica El Confidencial, la ayuda más abultada, 17,5 millones de euros, la recibió la Confederación de Empresarios de Andalucía, presidida entonces por Santiago Herrero, que abandonó el cargo sólo unos meses después acosado por los escándalos.
A UGT y CCOO de Andalucía fueron a parar casi 9 millones para cada sindicato y USO recibió 335.000 euros. La entrega de estas subvenciones a dedo se hizo pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía cinco semanas después de concederlas.
La generosidad de Griñán se vió también antes de las elecciones. Su gobierno intensificó la adjudicación de subvenciones durante los últimos meses de la legislatura, en los que repartió 353 millones de euros para cursos de fomento del mercado laboral. En todos los casos las adjudicaciones se hacían públicas meses después.
Ahora la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía lo investiga. Sospechan que la estafa podría alcanzar los 2.000 millones de euros entre los años 2007 y 2013.
BAÑEZ DICE QE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE NO CONOCE TERRITORIOS
Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que el fraude se persigue de oficio en todas las provincias españolas "sin excepción" y ha recalcado que esta lucha "no conoce de territorios, sino de personas y empresas" que actúan irregularmente.
Báñez ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la investigación en marcha por el posible fraude en fondos de formación en Andalucía, un caso que, de confirmarse, supondría a su juicio "doblemente fraude", porque además de desviar recursos públicos del destino para el que estaban previstos, resta posibilidades de formación a los desempleados.
La ministra ha pedido la colaboración de todas las administraciones para que "se esclarezcan los hechos hasta el final", y ha dejado claro que el sistema de formación en España "no está en cuestión", porque los controles "funcionan".
