La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha agradecido la disposición al diálogo del PSOE para reordenar las competencias y evitar duplicidades entre administraciones, ante la propuesta lanzada ayer por el presidente, Mariano Rajoy, pero le ha censurado que al mismo tiempo acuda al Tribunal Constitucional a denunciar al Estado cuando ejerce las competencias que tiene. "Alguna Comunidad gobernada por el partido que se ofrece a hablar de duplicidades anuncia recurso de inconstitucionalidad. Apreciamos cierta diferencia en la interpretación de cuál debe ser el reparto competencial", ha dicho la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros de este viernes, en referencia a la intención del Gobierno vasco de recurrir los recortes en educación y sanidad y de no aplicarlos.
Sáenz de Santamaría ha calificado de "positiva" la respuesta del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y ha deseado que el diálogo entre ambas partes sirva también para aclarar que el Gobierno ha ido aprobando esos ajustes porque tiene las competencias para hacerlo y porque tienen "un objetivo de todos: la igualdad de todos los españoles y una reordenación territorial que permita gestionar mejor los servicios públicos".
Dicho esto, ha comprometido "todos los esfuerzos" por parte del Gobierno para llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición y con el resto de grupos parlamentarios. "Bienvenido sea el diálogo y empecemos a trabajar", ha añadido.
POCO A POCO
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recibido diversas preguntas sobre cómo va a desarrollar el Gobierno esa reordenación de competencias que quiere abordar. La vicepresidenta no ha sido muy clara al respecto, aunque ha apuntado que "es bueno ir trabajando a medida que se van planteando las cuestiones, se van abordando en el Congreso de los Diputados".
En este sentido, se deduce que el Gobierno irá aclarando a qué administración le corresponde la competencia a medida que vaya aprobando proyectos, sobre el principio de que la ejercerá quien pueda hacerlo mejor y con menor coste, sea el Estado, la Comunidad Autónoma o la entidad local.
Este es el caso, y la ha puesto como ejemplo, de la normativa de aguas aprobada hoy y que devuelve al Estado las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua". La vicepresidenta ha insistido en esta idea de mejorar la eficiencia: gestionar mejor con menor coste.
Además de reordenar competencias ley a ley, Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado que se reformará la Ley de Bases de Régimen Local para fijar qué asuntos les corresponden en exclusiva y con qué financiación a los municipios y al resto de entidades locales, que con el tiempo ejercen competencias cuya titularidad sin embargo no tienen.
Y toda esa negociación, ha añadido, se irá abordando en las conferencias sectoriales que comparten el Gobierno y las autonomías, así como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
La vicepresidenta no ha negado la posibilidad de que Rajoy convoque una Conferencia de Presidentes, pero no ha concretado su respuesta y ha recordado que una autonomía, Asturias, no ha elegido aún a su presidente.
EL CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y FINANCIERA ANALIZARÁ EL PRÓXIMO DIA 16 DE MAYO LOS PLANES DE AJUSTE DE LAS COMUNIDADES
El pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se celebrará casi con toda probabilidad el 16 de mayo y en él se abordarán los ajustes presentados por las distintas comunidades autónomas para intentar cumplir el objetivo de déficit. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término de la reunión del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta ha recordado que el Gobierno está dando a las comunidades distintos mecanismos para que puedan cumplir el objetivo de déficit establecido en el 1,5 por ciento y ha matizado que algunas tendrán que explicar a los ciudadanos el motivo por el que no asumen determinadas políticas de austeridad que ayuden a cumplir con ello.
Unos planes que, de no cumplirse, podrían llevar al Gobierno, tal y como recordó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a intervenir en un plazo de seis meses la comunidad que no se ajuste a las exigencias establecidas.
El mismo lunes el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, eludía hablar de dicha posibilidad de intervención, rebajando así la tensión suscitada entre las autonomías.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el máximo órgano de coordinación de las políticas fiscales, que preside el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al que asisten los responsables económicos de las comunidades autónomas.
