La Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña ha presentado este viernes sendas querellas contra los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont y de la Mesa del Parlamento catalán, que preside Carme Forcadell, por las medidas que han tomado esta semana para celebrar el referéndum independentista del 1 de octubre e intentar crear un Estado catalán. La Fiscalía catalana acusa a Puigdemont, Forcadell, los consejeros y los miembros de la Mesa de delitos que conllevarían penas de cárcel en el caso de que los tribunales les declarasen culpables.
En concreto, el Ministerio Público entiende que los denunciados podrían haber cometido un delito continuado de desobediencia, malversación de caudales públicos o prevaricación continuada. Los acusados podrían haber llevado a cabo estos delitos, en el caso de la Mesa del Parlament, al tramitar y someter a votación la Ley del Referéndum y la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica. En el caso de Puigdemont y sus consejeros, se actúa contra ellos por haber firmado un decreto para celebrar el referéndum y por estar dedicando medios públicos a este fin.
"PLENAMENTE CONSCIENTES"
La querella, en el caso del Gobierno catalán, va dirigida contra Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull. Raül Romeva, Meritxel Borràs, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa i Coll, Santi Vila y Meritxell Serret.
En el caso de la Mesa, la acción legal pide actuar contra Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. Por lo que se refiere al Gobierno catalán, el Ministerio Público entiende que el presidente autonómico y sus consejeros se han negado "abiertamente" a obedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional contra el referéndum secesionista.
En el caso de Forcadell y los otros miembros de la Mesa, la Fiscalía entiende que los querellados eran "plenamente conscientes" de que al tramitar las leyes del referéndum y de transitoriedad estaban desobedeciendo "frontalmente" lo dictaminado por el Constitucional.
ORDENA A MOSSOS, GUARDIA CIVIL Y POLICÍA INTERVENIR LAS URNAS PARA EVITAR EL REFERÉNDUM
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dictado una instrucción en la que insta a las fuerzas de seguridad a actuar ante cualquier preparativo del referéndum del 1-0 desarrollado por autoridades, funcionarios públicos o incluso particulares. Maza envió ayer esa instrucción, , al fiscal superior de Cataluña y a los cuatro fiscales jefes provinciales de esa comunidad autónoma.
En ella, insta a instruir a los máximos responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra para que, en funciones de policía judicial, elaboren atestados e intervengan los efectos del delito "ante cualquier actuación de autoridades, funcionaros públicos o de particulares, en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum".
En primer lugar, se dirige al fiscal superior de Cataluña y le manda impartir su instrucción general a los responsables de esos cuerpos, concretamente al general jefe de la zona de la Guardia Civil, al jefe superior de Policía de Cataluña y al Major del Cos de los Mossos. Esta instrucción la deben remitir a "los servicios y unidades centrales a su mando" en Cataluña, para que en sus funciones de policía judicial elaboren atestados en caso de que se realicen preparativos para la consulta.
En segundo lugar, ordena a los fiscales jefes de cada provincia notificar la instrucción del fiscal superior de Cataluña a los responsables de las fuerzas de seguridad en cada uno de esos territorios con el fin de que actúen del mismo modo ante cualquier actuación en el ámbito local o provincial. Estos fiscales notificarán asimismo, por orden de Maza, su instrucción a los fiscales jefes de área de cada provincia "para que estos las cumplimenten en su respectiva demarcación".
Además, emplaza al fiscal superior y a los fiscales jefes a remitir instrucciones particulares si tienen conocimiento de cualquier acto concreto dirigido a la organización del referéndum. Y a que incoen diligencias de investigación y formulen denuncias o querellas cuando reciban atestados o tengan conocimiento por otra vía de actos preparativos del 1-O.
A su juicio, la notoriedad de la prohibición de la organización hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios o particulares dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
En la instrucción -dictada antes de que el Tribunal Constitucional anulara anoche el referéndum- se citan las resoluciones anteriores en las que ese tribunal ya había recalcado la ilegalidad de esa convocatoria, unos pronunciamientos "reiterados de forma clara, sin fisuras, públicos y difundidos", expone Maza en su escrito.
La instrucción afirma que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional dejan clara la "falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para convocar consultas, incluso no referendarias, que versen sobre cuestiones que afectan al orden constituido", por lo que "queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación".
Además la Fiscalía ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando "una apariencia de cobertura legal" al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el 1-O.
