Varios familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han defendido hoy en el Tribunal Supremo (TS) su "derecho a saber" y a que se investigue en sede judicial lo ocurrido y han negado cualquier "afan de venganza" en la denuncia que presentaron en la Audiencia Nacional.
Así lo ha dicho durante el juicio a Garzón por investigar los crímenes del franquismo Olga Alcega, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA), que denunció la desaparición de más de 3.000 personas en la Comunidad Foral. La propia Alcega es nieta de uno de los 81 fusilados el 2 de septiembre de 1936 en Magallón (Aragón). "No tengo afán de venganza, pero quiero saber la verdad", ha asegurado Alcega, quien, visiblemente emocionada, ha insistido en que nadie "jamás" les ha prestado ayuda y en que lo que quiere es que su abuelo, que era cartero, "quede limpio". "Ha habido 75 años de olvido de estas víctimas y todo el mundo ha mirado para otro lado, la Administración, la Justicia y la sociedad", ha resaltado.
Tras ella, ha declarado Rafael Espino, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), que acudió a Garzón como perjudicado para denunciar la desaparición de 111 personas en esta localidad, entre ellas siete de sus familiares. Según Espino, si no denunciaron los hechos hasta 2008 fue por el miedo de los familiares, y porque cuando se formalizó la denuncia la asociación había logrado el testimonio de una persona que había presenciado "como se producían los asesinatos" y tenía constancia de dónde se encontraba la fosa en la que habían sido enterrados los desaparecidos.
Al igual que Alcega, Espino ha asegurado que nunca recibieron subvenciones, y que los trabajos que realizaron en Aguilar de la Frontera, donde se recuperaron 55 cuerpos en la primera fase de las exhumaciones, fueron costeados por familiares y asociados. Entre esos cuerpos figuraban los de siete mujeres, todos con signos de violencia, "muchos con tiros en la nuca, las manos atadas o incluso calcinados", ha explicado.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña, Manuel Perona, que ha declarado a continuación, fue uno de los primeros en denunciar en diciembre de 2006 desapariciones forzadas en la Audiencia Nacional. Su asociación contabilizó 1900 desaparecidos en Cataluña y ha investigado los hechos sin recibir ninguna subvención, salvo una ayuda de la Generalitat con la que tiene un convenio para tener acceso a las bases de datos. La denuncia se presentó por encargo de uno de los nietos de desaparecidos, después de haber averiguado que un grupo de personas fueron "sacadas de la prisión de Manresa con destino a Barcelona" en 1936 por paramilitares del Ejercito y nunca más pudieron ser localizados.
El último en declarar ha sido Pedro Fausto Canales Bermejo, presidente de la asociación de Memoria Histórica de Valladolid, hijo de un desaparecido en el verano del 36, cuando él tenía solo dos años. "Pretendíamos que se reconociera en sede judicial la desaparición forzada de 10 secuestrados, cuyos restos aún no se han podido recuperar", ha afirmado. Tras explicar que no denunció antes las desapariciones porque no ha habido condiciones suficientes durante la dictadura ni durante la Transición, ha relatado que fue después de jubilarse cuando se dedicó plenamente a la búsqueda de su padre y los otros nueve desaparecidos en Pajares de Adaja (Ávila).
Esta asociación denunció las desapariciones ante Garzón en 2007 pidiendo que se reconociera la condición de desaparecidos a estas diez personas y que se comprobara que sus restos se encontraban en el Valle de los Caídos. "Creíamos que merecía la pena que se aclarara y se investigara la verdad de lo que había ocurrido" en los tribunales porque "si en sede judicial se dictamina la verdad, se investiga y se hace Justicia (...) nos consideraremos reparados", ha subrayado.
