Estas son las 15 medidas del Plan Estatal contra la Corrupción anunciado por Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles en el Pleno Extraordinario del Congreso la aprobación de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Un plan que, como ha explicado el presidente del Gobierno, estará "dotado de quince medidas de importante calado" destinadas a luchar contra la corrupción.

Este Plan Estatal descrito por Sánchez, y que se ha elaborado en el mes que ha pasado desde que se conoció el caso de Santos Cerdán, está diseñado por el Gobierno conjuntamente con Sumar y sus socios parlamentarios. También junto a "un organismo multilateral como es la OCDE, en concreto con su prestigiosa división de anticorrupción e integridad en el Gobierno".

Como parte de ese paquete de 15 medidas anticorrupción, que girarán en torno a cinco ejes, Sánchez ha especificado algunas como el aumento de condenas para este tipo de delitos, duplicar el tiempo de prescripción y crear listas negras de empresas condenadas para que no puedan contratar con la Administración Pública.

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Prevenir riesgos y fortalecer controles

El primer eje de los cinco del plan, destinado a la "prevención de riesgos" y el "fortalecimiento de los controles", comprende la creación de "una agencia de integridad pública independiente" para la prevención, la supervisión y la persecución de las prácticas corruptas.

"En una democracia madura no se castiga a quien denuncia, se le escucha, se le protege y se le respalda"

El segundo eje de medidas está centrado en proteger a los denunciantes de casos de corrupción, con el que se exigirá a las empresas a tener canales internos de denuncia.

En esta línea, Sánchez ha anunciado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para proteger aún más a los informantes que denuncien delitos de corrupción: "En una democracia madura no se castiga a quien denuncia, se le escucha, se le protege y se le respalda".

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Endurecer las penas por delitos contra la Administración

"Vamos a endurecer las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal", ha proseguido Sánchez sobre la creación de nuevas secciones de delitos contra la Administración con "jueces especializados".

Se trata del tercer eje del plan, con tres medidas destinadas a reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar los casos de corrupción. Para ello se propone la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados.

"Para fortalecer nuestro sistema judicial, para dotarlo de mayor independencia, también de medios, y endurecer las sanciones contra corruptos. Para ello, crearemos secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia", ha explicado el presidente del Gobierno.

"No basta con prevenir, con castigar esa corrupción, también hay que reparar el daño causado y devolver a lo público lo que es de todos"

Recuperación de los bienes robados

El cuarto eje se centra en la recuperación de los bienes robados mediante corrupción, "porque evidentemente no basta con prevenir, con castigar esa corrupción" según el presidente, sino que "también hay que reparar el daño causado, devolver a lo público lo que es de todos".

Con ese objetivo, el Gobierno aumentará los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y gestión de activos y optimizará la coordinación con juzgados, fiscalías y la Fiscalía Europea.

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"Una verdadera cultura de integridad"

El quinto eje, "el más complejo" tal y como ha avisado Sánchez, tratará de generar "una verdadera cultura de integridad que impregne nuestras administraciones públicas, que movilice a la ciudadanía y que responsabilice también con ello al sector privado, a las empresas de nuestro país", con estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción o campañas de concienciación ciudadana.

Se crearán así procedimientos sumarios para causas que involucren a cargos públicos, evitando así dilaciones que "merman la confianza" de los ciudadanos.

En relación a lo mencionado sobre el "sector privado", las empresas que quieran ser contratadas por la Administración tendrán que cumplir con un sistema de anticorrupción, lo que busca reducir el riesgo de malas prácticas.

"Realizaremos estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, para medir el alcance del problema" y "lanzaremos campañas de concienciación ciudadana para visibilizar el impacto que tiene la corrupción, promover también el uso de los canales de denuncia y reforzaremos la formación de los empleados y empleadas públicas en integridad y prevención", ha detallado el presidente del Gobierno.

Las 15 medidas del Plan Estatal contra la Corrupción

Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción
1 - Puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública que asumirá las funciones clave para la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas aglutinando y coordinando las competencias de varios organismos estatales que se ocupan de esta misión.
2 - Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración.
3 - Introducción de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma de contratación del sector público.
4 - Exigencia de sistemas para garantizar el cumplimiento de las medidas contra la corrupción por parte de las empresas que quieran contratar con las administraciones, y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos.
5 - Nueva Ley de Administración Abierta que reforzará la obligación de transparencia activa, con mecanismos de alerta temprana, así como actualización del Portal de Transparencia y controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.
6 - Refuerzo de los controles sobre los partidos políticos, que incluye obligar a estas formaciones y sus fundaciones con financiación pública a 50.000 euros a someterse a auditorías externas e independientes. También, bajar el umbral de publicidad de donaciones a 2.500 euros y como máximo en un mes de su recepción. Y aprobación de la Ley de Grupos de Interés, ya en trámite parlamentario.


Protección a los denunciantes de corrupción
7 - Incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal medidas para garantizar la confidencialidad, protección y apoyo legal a las personas que acudan a las autoridades a denunciar actos de corrupción. Y exigir a las empresas canales internos de denuncia y a las administraciones su integración en un sistema de integridad institucional.

Refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción
8 - Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, para agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Igualmente, otorgar carácter preferente con un procedimiento sumario a las causas con cargos públicos implicados.
9 - Avanzar en el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y remisión al Parlamento de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con una reforma estructural del modelo de instrucción penal, para que sea la Fiscalía la que ejerza esta competencia.
10 - Endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública, duplicación de los plazos de prescripción y aumento de las multas a empresas corruptoras.
11 - También, un sistema de exclusión y "listas negras" para que no puedan seguir contratando con la Administración
12 - Endurecimiento de las sanciones a los partidos por infracciones contables y retirada de subvenciones a quienes mantengan en sus listas y estructura a condenados por corrupción.

Recuperación de los bienes robados mediante la corrupción
13 - Aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente, optimizando su coordinación con juzgados, fiscalías y también Fiscalía Europea.
14 -Introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas, sin necesidad de condena penal, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.

Generación de una verdadera cultura de integridad
15 - Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, a cargo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), junto al lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.

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