El Tribunal Supremo ordena ejecutar la condena contra Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado ejecutar la sentencia que condena a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado, así como al pago de 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización, por haber revelado secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El auto, fechado el pasado 12 de diciembre, reclama a García Ortiz que ingrese las cantidades establecidas en la cuenta de depósitos y consignaciones del alto tribunal. Además, el Supremo ha remitido la resolución a la Fiscalía General del Estado "a los efectos oportunos".

La renuncia y el relevo en la Fiscalía

García Ortiz renunció al cargo el 24 de noviembre, cuatro días después de conocerse la sentencia, que se adelantó sin la publicación oficial para evitar filtraciones. Su cese se formalizó el 9 de diciembre, y la fiscal Teresa Peramato, experta en violencia de género, ya ha tomado posesión del cargo.

Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, será la Inspección Fiscal quien determine cómo afecta el fallo al estatus de García Ortiz dentro de la carrera fiscal.

Consecuencias para su carrera fiscal

Al haber sido fiscal general del Estado, García Ortiz estaba en situación de "servicios especiales", técnicamente fuera de la carrera fiscal, y ahora deberá solicitar su reingreso.

Fuentes consultadas advierten que esta transición podría ser complicada, incluso hasta el punto de perder la condición de fiscal, ya que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento del Ministerio establecen que una condena con inhabilitación para cargos públicos puede implicar la pérdida del cargo.

No obstante, el Supremo especificó que la inhabilitación solo afecta al puesto de fiscal general del Estado, y que las "consecuencias extraprocesales" quedan en manos de la Inspección Fiscal, fuera del ámbito estrictamente judicial.