Condena histórica. El Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado por una revelación de datos reservados según el articulo 417.1 que afecta a la autoridad y funcionarios que revelen secretos conocidos por su cargo.
Le condena a dos años de inhabilitación a una multa de 7.200 euros y a indemnizar al Alberto González Amador con 10.000 euros.
Cuando se publique la sentencia el fiscal quedará inmediatamente inhabilitado para ejercer su cargo.
