El PP denuncia a Antifraude pagos sin contrato de 408.000 euros a Francisco Puig, el hermano del presidente valenciano

  • En 629 facturas 
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Morella, Jesús Lecha, y el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, presentan una denuncia en la Agencia Valenciana Antifraude
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Morella, Jesús Lecha, y el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, presentan una denuncia en la Agencia Valenciana Antifraude |EUROPA PRESS

El Partido Popular ha denunciado ante la Agencia Antifraude que el Ayuntamiento de Morella (Castellón) ha abonado a las empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, algo más de 408.000 euros en 629 facturas sin que exista ningún tipo de contrato ni licitación en los últimos ocho años, es decir, coincidiendo con la presidencia de Ximo Puig.

El concepto de estas facturas está, en su mayoría, relacionado con publicidad, patrocinios, grabaciones de plenos u otros actos comunicativos y, según detalla el PP en su denuncia, "superan anualmente el umbral de los 15.000 euros -contrato menor-, por lo que se debería haber acudido al procedimiento de licitación". La denuncia ha sido presentada por el portavoz del PP en Morella, Jesús Lecha, y por el diputado autonómico Miguel Barrachina.

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Según ha detallado Lecha, "en el periodo en el que Ximo Puig (alcalde de Morella entre 1995 y 2012) ha estado en Valencia, las empresas del hermano han pasado de números rojos a triplicar sus ingresos, y la causa directa de ello es que el hermano estaba en el Palau de la Generalitat".

"Desde 2015 a 2023 el Ayuntamiento de Morella ha pagado más de 600 facturas al hermano de Ximo Puig sin ningún tipo de soporte legal, sin licitación pública. Y cuando hemos preguntado por este asunto la respuesta del alcalde siempre ha sido sincera, no quería que trabajase en Morella ninguna otra empresa", ha agregado.

Por su parte, Miguel Barrachina ha pedido a la Agencia Antifraude que se pronuncie sobre la legalidad de este tipo de contrataciones y ha apuntado que esta misma denuncia no se aporta a la Fiscalía porque no guarda relación, en principio, con la causa ya abierta contra Francis Puig por un supuesto delito de fraude de subvenciones, por las ayudas que recibieron sus empresas por parte de la Generalitat valenciana, la catalana y el Gobierno de Aragón.

Las empresas manejadas por Francis Puig (bien como director ejecutivo o consejero delegado) que han sido beneficiarias de los pagos por parte del Consistorio de Morella son las mismas que fueron receptoras de las referidas ayudas, y que están siendo objeto de investigación penal, es decir, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions.

Ximo Puig adjudicó 'a dedo' un contrato a una de las empresas implicadas en el caso Azud
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Estas firmas presentaron facturas al cobro tanto al Consistorio de Morella como a tres empresas públicas municipales: Societat de Promoció Económica, Iniciatives Turístiques y Carns de Morella.

Los hechos denunciados podrían ser, según el PP, "susceptibles de ser constitutivos de fraude y corrupción por parte del Ayuntamiento de Morella y de su alcalde Rhamsés Ripollés Puig (PSPV), así como también por parte de Francisco Javier Puig Ferrer".

La denuncia presentada a Antifraude expone, además, que "en las resoluciones del Ayuntamiento por medio de las cuales se aprueban las propuestas de gasto, éstas no se imputan a provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario, como sería el supuesto de los anticipos de caja fija, sino que se cargan al ejercicio correspondiente, bajo el concepto de gastos de caja fija, sin que encajen legalmente en este objeto".

Asimismo, se advierte que "del examen de las facturas se puede comprobar la posibilidad de que algunas de ellas aparezcan duplicadas, pues el concepto que aparecen en algunas de ellas se repite de manera idéntica en otras presentada al Ayuntamiento o a alguna de las empresas públicas".

Además según publica el Mundo, el yerno del extesorero del PSOE, imputado en el caso 'Azud' , ha recibido contratos por parte de las administraciones socialistas valencianas por un importe superior a 800.000 euros.