El Ministerio de Economía y Hacienda ha abierto un expediente sancionador a 29 administradores de Lotería por haber secundado un cierre de cuatro horas convocado el pasado 29 de junio de 2010 contra las medidas de "privatización" del Gobierno, según han denunciado las asociaciones de administraciones de loterías Anapal y Apla.
Este proceso puede suponer para los expedientados una multa de entre 6.001 y 60.000 euros, la suspensión durante un periodo de seis meses del ejercicio de la actividad e incluso la revocación de la autorización del titular del punto de venta.
En uno de los expedientes que Economía ha remitido a las administraciones, al que ha tenido acceso Europa Press, se acusa a los 'loteros' de haber causado un "perjuicio a Loterías y Apuestas del Estado o a terceros" al haber cerrado los establecimientos, una infracción considerada muy grave en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
En la misma resolución, el ministerio afirma que el día del cierre convocado por los 'loteros', "varios inspectores de Loterías y Apuestas y Técnicos Superiores en Actividades Administrativas y Comerciales" se desplazaron a "diferentes provincias" para comprobar si las administraciones había cumplido su amenaza de cerrar. Como consecuencia, las administraciones que los inspectores se encontraron cerradas han sido sancionadas.
Las administraciones de Loterías sancionadas consideran "desproporcionadas" las posibles sanciones, y afirman que con el cierre estaban ejerciendo "un derecho fundamental" a protestar, según han afirmado las asociaciones de administraciones de loterías Anapal y Apla.
Concretamente, con la jornada de cierre patronal, los 'loteros' se quejaron de que el Gobierno hubiera aprobado en la Ley de Presupuestos Generales de 2010 dos disposiciones adicionales que, a su juicio, abrían la puerta a la privatización del sector y estaban orientadas a dejar en manos privadas la gestión de los 3.000 millones de euros que cada año reporta el juego público a las arcas del Estado.
Ambas disposiciones implican que las nuevas administraciones de loterías firmarán un contrato mercantil con Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en lugar de la concesiones administrativas que tenían hasta entonces, y las administraciones que actualmente están funcionando podrán elegir si continuar con el antiguo sistema o pasarse al nuevo.
Además, los 'loteros' afirman que otra disposición incluida en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 implica que el ente público Loterías y Apuestas del Estado "se transformará en una sociedad mercantil abierta al capital privado". Esta nueva sociedad está valorada en 30.000 millones de euros, según las asociaciones.
