Ciudadanos quiere un Estado eficaz al servicio de los derechos de los españoles y para ello pide la supresión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una Fiscalía General del Estado independiente y la despolitización del Tribunal Constitucional.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presentado hoy en Cádiz la reforma democrática e institucional de España "Ciudadanos, un nuevo proyecto común para España", en el que en treinta puntos se exponen las principales reformas que consideran esenciales para el país.
En la reforma de la Justicia, Ciudadanos propone la supresión del CGPJ, cuyas funciones serán asignadas al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial que estará asistido por dos Adjuntos.
El presidente será elegido por el Congreso de los diputados con el voto a favor de las dos terceras partes de sus miembros, entre magistrados del Tribunal Supremo, con, al menos, veinte años de ejercicio en la carrera judicial y que no hubieran tenido vinculación con partido político alguno ni ostentado cargo representativo de carácter público.
El nombramiento tendrá una duración de 6 años, sin posibilidad de reelección, mientras que los dos adjuntos serán elegidos por los jueces y magistrados en elecciones convocadas para ello, y el nombramiento tendrá una duración de tres años sin posibilidad de reelección.
Ciudadanos apuesta por el "mérito y capacidad", así como por la ausencia de discrecionalidad en los nombramientos de jueces y magistrados, ya que de esta manera, consideran que se eliminarán "criterios arbitrarios en función de afinidades políticas o ideológicas".
También pretenden suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados y como ya habían adelantado en varias ocasiones la "limitación de puertas giratorias entre justicia y política".
Por tanto, se impondrá a los jueces y magistrados que acepten cargos políticos un periodo obligatorio de excedencia mínimo de dos años tras el correspondiente cese. Ciudadanos quiere una "justicia rápida, eficaz y con garantías", y considera que "la efectividad del derecho a la tutela judicial precisa de más jueces y más medios".
La formación liderada por Albert Rivera quiere "una instrucción penal rápida, eficaz y con las debidas garantías", y para ello creen necesario "unidades de auténtica policía y peritos judiciales que no dependan de la Administración del Estado ni de la Agencia Tributaria, dirigidas por un órgano revestido de las garantías que se reconocen a la jurisdicción".
Asimismo, cuando se produzca la resolución judicial se debe garantizar su efectivo cumplimiento mediante procedimientos u órganos judiciales adecuados. Respecto a la Fiscalía General del Estado, se apuesta por que ésta sea "independiente, profesional, y al servicio de la legalidad", y el procedimiento de nombramiento del Fiscal General del Estado deberá estar regulado en la Constitución.
En primer lugar se llevará a cabo un procedimiento abierto que permitirá a todos los que cumplan los requisitos necesarios presentarse, exigiéndose que al menos reúna veinte años de ejercicio en la carrera fiscal y no haya tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado cargo político.
Después, una Comisión del Congreso de los Diputados valorará la idoneidad y seleccionará una terna de entre ellos por mayoría reforzada, para que finalmente sea el Gobierno el que elija al Fiscal General.
También se reforzará la independencia del Consejo Fiscal y el principio de mérito y capacidad a la hora de la provisión de plazas en la carrera fiscal, y se fortalecerá en particular la independencia de la Fiscalía anticorrupción.
En cuanto al Tribunal Constitucional, se solicita la despolitización del mismo, su independencia y la modificación del artículo 179 de la Constitución.
Se exigirá veinticinco años de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado, estableciendo asimismo un estricto sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia.
Respecto al poder legislativo, consideran necesario "parlamentos más abiertos, más ágiles y con diputados más libres" y para ello proponen la ampliación de la fase de enmiendas, el reforzamiento de la fase legislativa de las comisiones parlamentarias o la autorización de intervenciones más generosas en tiempo y forma.
En cuanto al poder ejecutivo, quieren la "supresión del decreto ley y consideran que "la legislación de extraordinaria y urgente necesidad deberá ser aprobada por el Congreso de los diputados mediante un procedimiento sumarísimo que deberá culminarse en un plazo máximo de 72 horas".
También quieren la "limitación y despolitización del indulto" y consideran que "en ningún caso será posible indultar a los condenados por delitos de corrupción o contra la administración, ni los de violencia de género".
