Los exconsejeros de Caja Madrid que han declarado hoy como imputados en la Audiencia Nacional han discrepado sobre el objeto con el que se les entregó una tarjeta opaca de la entidad, si bien han coincidido en afirmar que su "naturaleza" y "uso" cambió con la llegada de Miguel Blesa al frente de la entidad. A lo largo del día están compareciendo ante el juez Fernando Andreu una decena de imputados, para los que la Fiscalía Anticorrupción está reclamando en la mayor parte de los casos fianzas civiles equivalentes a lo que cada uno gastó con su visa opaca, han informado fuentes jurídicas presentes en la sala de vistas.
En concreto, el representante del Ministerio Público ha exigido fianzas civiles para José Antonio Moral Santín, que cargó 456.552 euros; el exalcalde socialista José María Arteta (137.617); Pedro Bedia (78.200); el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que desembolsó 93.984 euros y que se ha negado a declarar; el socialista Ramón Espinar (173.999); e Ignacio de Navasqües (191.981).
Por el contrario, no ha pedido cantidad alguna para Juan José Azcona (99.300); Gonzalo Martín Pascual, Guillermo R.Marcos Guerrero (130.947) y Rodolfo Benito (140.600), han informado a Efe fuentes jurídicas.
No obstante, para los dos últimos, que han impugnado los gastos que les atribuyó Bankia en su informe y han alegado que eran de representación, ha reservado la posibilidad de hacerlo más adelante.
CAMBIÓ LA NATURALEZA DE USO CON BLESA
La mayoría ha coincidido en subrayar que "hubo un cambio de naturaleza, de uso", con la llegada de Blesa a la presidencia de Caja Madrid.
Previamente, el que fuera secretario del Consejo Ángel Montero les facilitaba una tarjeta para gastos derivados de su cargo, como viajes, libros, hoteles y restaurantes, según ha explicado Espinar, y se les pedía prudencia en su uso.
A partir de 1996, cuando Blesa asume la presidencia, fue el sucesor de Montero, Enrique de la Torre, el que entregaba estas tarjetas para gastos personales con un límite anual y otro mensual que fijaba el propio presidente de acuerdo con la dedicación de cada uno, tal y como ha explicado Moral Santín.
En todo caso, los diez han afirmado que no tenían que declarar sus tarjetas a Hacienda porque Caja Madrid, titular de las mismas, lo debía hacer por ellos.
Varios de los imputados, como Arteta, han añadido además que fue "costumbre" que se les permitiera usarla incluso tres meses después de su cese, extremo del que le informó el también imputado José Manuel Fernández Norniella. Sin embargo, han diferido sobre la finalidad con que se les entregó. Así, Azcona y Benito han dicho que fue para gastos de representación en un concepto amplio, pues incluían "ropa y obsequios".
Por su parte, Moral Santín, que fue vicepresidente de la caja nombrado a propuesta de IU, ha señalado además que recibió una de estas tarjetas de "libre disposición" por su "gran actividad y dedicación" como parte de un paquete retributivo del que formaban parte también las dietas y servicios de salud.
Tambien han mostrado discrepancias sobre si les estaba permitido retirar dinero en efectivo, de forma que mientras Moral Santín, que sacó del cajero más de 300.000 euros de sus gastos totales, ha mantenido que sí, otros como Martín Pascual han asegurado que se les advirtió expresamente de que no y que, de hecho, carecían de número PIN.
ABUCHEADOS AL LLEGAR
Los primeros imputados por el escándalo de las tarjetas opacas llegaron a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Fernando Andreu en mitad de los insultos y abucheos de una veintena de preferentistas, que les esperaban desde primera hora de la mañana.
El primero en entrar en el tribunal ha sido el exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín, al que han proferido gritos como "ladrón", "golfo", y "han arruinado a miles de familias esta panda de mangantes" antes de entrar en la sala de vistas donde Andreu ha comenzado a interrogarle a las 9.10 horas.
Con menos presencia policial que en otras ocasiones, los afectados por las preferentes, que portan carteles en los que se puede leer "estafa bien preparada y consentida por los grandes partidos" o "Justicia ya", permanecen en los alrededores de la Audiencia controlados por decenas de agentes.
RECHAZADA LA PETICIÓN DE PRISIÓN PARA RATO
La Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar que el expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, ingrese en prisión incondicional porque no se desprende de sus viajes a Suiza que haya "llevado a cabo" un intento de fuga durante los dos años en los que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad. La Sala Tercera de la Sala de lo Penal ha confirmado la decisión del juez Fernando Andreu de no enviar a Rato a la cárcel en contra de la petición de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que requería prisión sin fianza al entender que sus viajes al país helvético, la elevada pena a la que se enfrenta y el avanzado estado de la instrucción permiten inferir un riesgo de fuga.
En un auto, conocido este lunes, los magistrados consideran "evidente" que "ni de los viajes al extranjero del imputado puede desprenderse ese hipotético riesgo de fuga ya que no consta que no haya retornado al país, se haya sustraído de la acción de la Justicia o no haya comparecido ante aquella cuando hubiere sido llamado".
EL MARTES SIGUEN LOS INTERROGATORIOS
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu interrogará mañana, martes, a otros diez antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las 'tarjetas black' opacas al fisco, en las que cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, informaron fuentes jurídicas.
Será el turno de seis representantes en Caja Madrid designados por el Partido Popular (PP), entre los que se encuentran los exsecretarios de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga y José Manuel Fernández Norniella, que cargaron 255.400 y 175.400 euros, respectivamente, o el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, que gastó 132.000 euros.
También lo harán el exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada (139.900 euros) y los vocales Alberto Recarte (139.900) y Mercedes Rojo (119.300). A continuación están citados los exconsejeros socialistas Virgilio Zapatero (36.000 euros), José María de la Riva (208.900) y Antonio Romero, exsecretario de Organización del PSM (252.000), y el representante de CCOO Francisco Baquero (266.400).
Todos ellos están imputados, junto a los otros 17 exconsejeros que el juez ha citado a declarar esta semana, por un delito de administración leal, que habrían cometido por autorizar el uso de los plásticos, y otro de apropiación indebida, que se podría atribuir a los 82 exdirectivos que los utilizaron.
