La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial a los empleados públicos aprobado por el Ejecutivo, en una providencia sobre la que el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT discreparon hoy. Así, mientras el Gobierno asegura que la medida es completamente legal, los sindicatos se mostraron optimistas sobre la futura sentencia por considerar que el auto refuerza su teoría en contra de esa rebaja salarial.
Ambas partes opinaron así tras conocer que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha abierto una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluye la rebaja de sueldo de los asalariados del sector público.
Si bien el auto final sobre la constitucionalidad del recorte sólo afectaría a los trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), dejaría, en cualquier caso, abierta la posibilidad de que la decisión afecte posteriormente al resto de trabajadores de la función pública.
La demanda colectiva que va dirigida, entre otros, contra el Ministerio de Economía y Hacienda, fue interpuesta por la Federación de Servicios Públicos de UGT y de la Ciudadanía de CCOO, así como por el sindicato SATNP de la FNMT.
La providencia fechada el 30 de septiembre establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de diez días para presentar sus alegaciones.
La Audiencia duda de la constitucionalidad ya que podría afectar "al contenido esencial" del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
La providencia del tribunal también plantea la cuestión de constitucionalidad sobre esta medida "por posible afectación" del derecho de igualdad, ya que en la ley se establece la reducción salarial sobre determinadas entidades del sector público y excluye al personal laboral no directivo de empresas públicas como RENFE, ADIF y AENA, que tienen convenios colectivos.
Fuentes del Ejecutivo aseguraron que la Abogacía del Estado presentará en los próximos días ante la Sala Social de la Audiencia Nacional las alegaciones correspondientes que justificarán la reducción del salario a los funcionarios por "causas de interés público", ante la grave crisis económica y por la necesidad de reducir el déficit público.
El Gobierno reconoce que este recorte salarial en 2010 supone una modificación del Acuerdo para la Función Pública 2010-2012 firmado en septiembre de 2009 y que contemplaba una subida de los sueldos del 0,3% este año, así como una cláusula de revisión salarial.
Sin embargo, puntualiza que el Estatuto Básico del Empleado Público también incluye la posibilidad de que dicho acuerdo pueda revisarse ante causas de interés público, como una "crisis económica muy grande", señalaron las fuentes.
Por parte sindical, el abogado de CCOO Enrique Lillo indicó que esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.
Asimismo, el responsable jurídico de la Federación de Servicios de UGT, Félix Pinilla, señaló que ya pensaba que no prosperaría la decisión del Gobierno porque afectaba a convenios colectivos firmados con anterioridad al real decreto.
El 23 de enero de 2001, la Audiencia Nacional ya sentenció en contra de la congelación salarial impuesta a los funcionarios, dictamen que fue recurrido por el Gobierno y posteriormente anulado por el Tribunal Supremo el 26 de febrero de 2002.
