La juez que investiga el caso de los ERE irregulares quiere saber "el destino final de los fondos públicos recibidos en concepto de ayudas diversas", y en ese marco ha ordenado a los sindicatos CCOO y UGT y a distintas federaciones vinculadas que informen "a la mayor brevedad" sobre los números de cuentas bancarias con los que operan diariamente para las gestiones corrientes de su organización, todo ello de cara a conocer la cantidad "exacta" que llegaron a cobrar.
En un auto, consultado por Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya argumenta que, en el marco de su investigación, la Guardia Civil ha analizado los pagos que las mediadoras que recibían las 'sobrecomisiones' de los ERE destinaban a diferentes organizaciones sindicales "justificándolo en la prestación de supuestos servicios, y como éstos supuestos servicios se facturaban a través de empresas vinculadas a los referidos sindicatos".
Así, la juez dice que "se han detectado numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de empresas vinculadas a ellos", como son Atlantis Asesores, para CCOO, y ASP-Asesoramiento Seguros, ITG y Temiqui para UGT.
Por ello, "se hace necesario profundizar en el estudio del flujo del dinero, cuyo origen se encuentra en la Administración andaluza, y comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas".
El objetivo "es intentar determinar la cantidad exacta que las diferentes organizaciones sindicales hubiesen cobrado de los fondos librados por la Junta en el marco de las ayudas sociolaborales objeto de las presentes investigaciones".
Y es que el montante de las sobrecomisiones que las organizaciones sindicales han recibido de las mediadoras, que se ha podido calcular con el estudio de las cuentas bancarias vinculadas a éstas últimas, no coincide con la cantidad de pagos que éstas han reflejado en la declaración tributaria de cobros y pagos".
Por ello, reclama los números de cuentas bancarias "donde reciben ingresos, emiten pagos, domicilian recibos y cualquier actividad que esté relacionada con su contabilidad, haciendo especial mención en su caso a las 'cuentas de enlace' que mantuvieran con sus respectivas federaciones a nivel regional y/o estatal".
Una petición que va dirigida a CCOO en el País Vasco; a la Federación de Industria de CCOO-A; a la Federación Andaluza Agroalimentaria de CCOO; a la Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz; a la Federación de Metal, Construcciones y Afines de UGT-A; a UGT del País Vasco y a la Federación de Industria de UGT-A.
Asimismo, pide a distintas entidades bancarias que informen sobre la fecha de apertura, titularidad y autorizados de una serie de cuentas vinculadas a Atlantis Asesores, Atlantis Correduría de Seguros y Consultoría, ITG, o Temiqui.
La juez ha tomado esta decisión después de recibir un oficio de la Guardia Civil en el que ésta señala que "fruto del análisis de toda la información se habría comprobado, en numerosos expedientes que culminan con la formalización de pólizas mediante las que se instrumentalizan las ayudas, que el tomador es alguna de las federaciones sindicales", a pesar de lo cual "no es la persona jurídica que figura como tomador la que verdaderamente hace frente a las obligaciones del pago de la prima, como legalmente está establecido, sino que las pólizas son financiadas por la Junta, tratándose además de expedientes en los que se han cometido irregularidades, tales como la inclusión de 'intrusos' y el cobro de una elevada sobrecomisión".
12 MILLONES DE 'SOBRECOMISIONES' EN SOLO 10 EXPEDIENTES DE AYUDAS
"Este hecho ya ha quedado demostrado mediante el estudio que se ha realizado sobre varios expedientes, teniendo como nexo común la intervención de responsables sindicales de cada una de las empresas y la percepción por parte de la mediadora interviniente de una elevada sobrecomisión", dice la Guardia Civil, citando los casos de diez expedientes de ayudas --Surcolor, González Byass, Cespa, Saldauto, Intesur, Matadero de Fuenteobejuna, Hotel Cervantes, SOS Cuétara, Bilore y Calderinox--.
De este modo, y en relación a estos expedientes, indica que, sobre un total de prima de 120.431.426,36 euros, "se han abonado comisiones a los mediadores por valor de 18.065.630,97 euros, que constituyen un 13,60 por ciento en promedio, mientras que la media de mercado en promedio habría sido del 4,60 por ciento, lo que implica que se han pagado sobrecomisiones por un importe de 12.176.626,55 euros".
En concreto, y tras el estudio de la información tributaria efectuada sobre las citadas mediadoras, la Guardia Civil señala que "se ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios han recibido de estas empresas más de siete millones" como "contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas".
