La juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de un millón de euros a Buenaventura Aguilera, ex director general de Presupuesto de la Junta.
La juez de instrucción 6 de Sevilla considera a Aguilera responsable del "mantenimiento del sistema de concesión de ayudas al margen del procedimiento legal de subvenciones".
Aguilera se encuentra entre la veintena de ex altos cargos del gobierno andaluz imputados en junio pasado, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez.
Según el auto, Aguilera, que ocupó el cargo entre 2009 y 2012, realizó una serie de medidas que sólo supusieron "una mera apariencia de cambio", pero la realidad es que mantuvo las llamadas transferencias de financiación para pagar las ayudas, que la juez investiga como fraudulentas.
El auto de Alaya se ha conocido cuando la juez toma hoy declaración a dos esposas de sindicalistas, "intrusas" en el ERE de la empresa malagueña Hytemasa.
FIANZA CIVIL DE 265.000 EUROS PARA UN EXALTO CARGO DE CCOO
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 265.015 euros, más el tercio legal previsto, para el exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, a quien la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado sendos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, durante su comparecencia, Juan Antonio Florido se ha limitado a ratificar la declaración que, como imputado, prestó la pasada semana ante la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles'.
Ante la juez han comparecido también este miércoles dos 'intrusas' en el expediente de la empresa textil malagueña Hitemasa, como son María Nieves Ruiz y María José Martínez Elvira, a las que la juez ha imputado los mismos delitos que al exdirigente de CCOO-A.
De otro lado, tres agentes de la Policía Nacional han escoltado este miércoles, a su llegada a los juzgados, a la juez Mercedes Alaya, todo ello después de los incidentes ocurridos la pasada semana, cuando varias decenas de sindicalistas se concentraron frente al edificio judicial para pedir la libertad de los compañeros detenidos en 'Heracles'.
PROTECCION POLICIAL PARA LA JUEZ TRAS SER ABUCHEADA
La juez que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha acudido hoy a los juzgados de Sevilla con escolta policial, que fue solicitada por el juez decano, Francisco Guerrero, después de que fuese increpada y abucheada el jueves pasado, cuando tomaba declaración a sindicalistas imputados.
El juez decano ha informado de que él mismo solicitó verbalmente al Cuerpo Nacional de Policía la protección adecuada para Alaya, aunque aún no ha recibido notificación oficial de que se haya asignado.
No obstante, los periodistas que esperaban hoy la llegada de los imputados para declarar sobre los ERE observaron que Mercedes Alaya acudía al edificio del Prado de San Sebastián de Sevilla acompañada por varios agentes de paisano.
La petición, ha matizado Guerrero, no respondía al abucheo que sufrió Alaya a su llegada al juzgado el pasado jueves sino a que la magistrada "no tiene por qué adoptar medidas de protección por sí misma, como acudir en taxi a trabajar".
Según Guerrero, la juez lleva asuntos "muy mediáticos y es lógico y adecuado que tenga protección".
El pasado jueves, varias decenas de sindicalistas abuchearon a Alaya y expresaron su apoyo con gritos de "libertad, libertad" a los líderes de UGT y CCOO Salvador Mera, Roberto Carmona y Francisco Casado, detenidos en la Operación Heracles 2 sobre el cobro de sobrecomisiones en los ERE.
La juez también ha sido objeto de concentraciones de apoyo, como la realizada el pasado 25 de julio cuando varias decenas de manifestantes, convocados por organizaciones sociales, la aplaudieron y vitorearon mientras portaban pancartas en las que se leía "juez Alaya y equipo de apoyo, gracias por vuestro trabajo", "gracias y ánimo juez Alaya" y "Fuerza y honor, juez Alaya".
El pasado lunes, la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla apoyó a su compañera y reconoció "su enorme esfuerzo profesional, personal y familiar" en cumplimiento del deber de "tutelar y defender los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos".