"No hay duda de la culpabilidad del Rey del Cachopo", resuelve la Fiscalía del TSJM
La fiscal confirma la petición de 15 años de cárcel para César Román por el por el homicidio de Heidy Paz Bulnes
Román había recurrido el fallo por vulneración de su presunción de inocencia
EUROPA PRESS
La fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Margarita Pérez Blasco ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal que confirme la condena a 15 años de cárcel impuesta a César Román, apodado el 'Rey del Cachopo', por el homicidio de Heidy Paz Bulnes al defender el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular y afirmar que "no hay duda de su culpabilidad".
El TSJM ha celebrado esta mañana la vista pública para deliberar sobre el recurso que interpuso Román contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó por vulneración de derechos fundamentales, entre ellos los derechos de presunción de inocencia e igualdad de armas.
En su recurso, el empresario denunció haber sido víctima de "un juicio paralelo" desde que comenzó la instrucción comparándose con el caso mediático de Dolores Vázquez. "Pero su caso ha sido mucho peor", ha subrayado la letrada de Román, Ana Isabel Peña, a su llegada a las dependencias judiciales del Alto Tribunal madrileño.
Román ha seguido la vista a través de videconferencia desde la prisión de Soto del Real. Su presencia no es física dado que las dependencias judiciales del TSJM, ubicado en la calle General Castaños de la capital, no tienen calabozos.
Al final de la vista, Román ha querido explayarse de nuevo en su explicación, como ya hizo en el juicio durante más de una hora, indicando que se está formando desde prisión porque está estudiando la carrera de Derecho.
No a repasar las pruebas
No ha tardado en frenarle el magistrado Celso Rodríguez al no tratar su derecho a la última palabra de "repasar de nuevo las pruebas". Tras ello, César Román ha criticado que el jurado se base en un informe de ADN "contra-ley" porque los forenses que lo realizaron no tenían la certificación para emitirlo.
"Se me acusa de un delito de homicidio pero no sabemos la causa de su muerte. Seis peritos no identificaron patologías de la muerte, por lo que no se establece la causa de etiología natural o violenta. Y si no lo sabemos, nos sabemos si existe un homicidio, una muerte natural o accidental. Hay una absoluta ausencia de pruebas que enerven mi presunción de inocencia", ha recalcado.
El acusado defendió en la vista oral su inocencia y manifestó que la que fuera su pareja o bien estaba viva en Honduras o bien habría acabado con ella una supuesta banda organizada de 'vuelcos' de drogas, una tesis negada por los investigadores del Grupo VI de Homicidios.
La sentencia impugnada consideró probado que el crimen se cometió en la madrugada del 5 de agosto de 2018 después de que la chica acudiera al piso de César en Vallecas tras celebrar un cumpleaños con unos amigos.
Al inicio de la vista, la abogada ha tratado de aportar nueva documentación y pruebas, un intento al que se ha opuesto la fiscal y el tribunal presidido por el magistrado Celso Rodríguez, presidente del TSJM. Entre la documentación, quería incorporar lo que considera falso testimonio de nueve testigos en el juicio que pudieron estar influidos por la presión mediática que generó este caso.
Era Heidi o no
La abogada ha solicitado la nulidad del juicio y de las actuaciones por vulneración de derechos de su cliente. Considera que las actuaciones deberían retrotraerse hasta el momento en que se realizó el informe de ADN a la víctima, ya que sigue manteniendo que el torso no era el de su pareja.
"Uno de los hechos del objeto del veredicto era si la víctima era Heidy Paz. En el juicio se planteó como dogma que ese cadáver era el de ella. No se debe admitir ni siquiera como indicio", ha aseverado la letrada recordando que en la vista varios testigos afirmaron que tenían las llaves de la nave en la que el 13 de agosto de 2018 se halló el torso de la chica.
También ha criticado que la Policía Científica no realizara un análisis de ADN correcto de una arandela de seguridad de uno de los botes de sosa cáustica usados en el crimen y que se halló en el interior del torso. Las huellas localizadas coincidían con el perfil genético de Román.
"Ninguna de las acusaciones tiene a día de hoy el dónde y cómo, el por qué y cuándo. Estamos como al principio. Todo se basa en que César pidió un taxi para llevar unos documentos y el día no tienen nada que ver con el golpe a esa persona. Hay una ausencia total de motivación en el relato de los hechos del jurado", ha censurado.
"No hay prueba directa"
En su intervención, la fiscal ha subrayado que le sorprende que la letrada defensora haya "cuestionado todo", desde el inicio del procedimiento hasta el veredicto del jurado popular que llevó a la sentencia.
"Todo ha sido cuestionado. No se ha aportado documentación para complementar sus afirmaciones. La sentencia era clara y estaba bien motivada", ha aseverado. En esta línea, ha recalcado que pese a que "no hay prueba directa" contra el acusado sí hay "mucha incriminatoria". "No hay duda de su culpabilidad", ha reseñado.
Alexis Socias, abogado de la familia de la víctima, se ha adherido a lo manifestado por la fiscal y ha querido zanjar algunas cuestiones. Por ejemplo, ha dicho que no hay duda de que el ADN de César Román estaba en la maleta en la que se halló el torso de la joven hondureña, uno de los aspectos puestos en duda por Ana Isabel Peña.
"Y si no fue él, por qué cambió su imagen", ha recordado el abogado en alusión a la extensa barba que se dejó tras huir de Madrid y buscar refugio en Zaragoza, donde fue detenido dos meses después al ser reconocido por la dueña del restaurante donde trabajaba.
"César Román es culpable y así lo establecen las pruebas", ha finalizado. Tras ello, ha rogado a la Sala que entregue el cuerpo de la joven a su familia para que se le dé sepultura.
Vulneración de derechos
En su recurso, Román impugnó la sentencia por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de presunción de inocencia, igualdad de armas y derecho de defensa, entre otros.
Criticaba su abogada que, tras el hallazgo de diversa documentación, que bien pudiera revelar datos sobre los movimientos de Heidy, "no se realizó ningún tipo de averiguación por parte de policía o por parte del juzgado instructor".
"Si se hubiera hecho alguna averiguación, quizás existiría la hipótesis de que Heidy viajó con ese pasaporte, o que utilizara la tarjeta VISA o el DNI de dos mujeres distintas. E incluso, se podrían haber analizado los movimientos realizados con las tarjetas de transporte encontradas", sostiene en el escrito de impugnación.
La letrada considera que este hecho vulnera los derechos fundamentales de su cliente, sino que "además denota claramente que la investigación tan sólo se dirigía a culpabilizar al mismo, y no a averiguar lo que había sucedido".
Respecto a Heidy, insistía en la idea de que la chica apareciera en unas fotografías junto a un arma "es indicativo de su presunta involucración en actividades delictivas, ya que nadie que no esté en este tipo de actividades ilícitas y que carezca de documentación legal en nuestro país, la tiene para recoger donativos de la Cruz Roja".
En el juicio, Román relaciona a la que fuera su pareja con maras hondureñas y con una banda criminal de vuelcos de drogas, una tesis que negaron los investigadores y el propio tribunal en su resolución al no existir ni un dato sobre esta hipótesis.
Se quejaba igualmente de que las testificales aportadas en el juicio no fueron tomadas en cuenta, como la de un perito que insinuó que una de las huellas se podría haber manipulado por parte de la Policía, y denuncia que "el veredicto fue una reproducción exacta del escrito de conclusiones del ministerio fiscal".